Una Diada contra el Estado

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La Diada, la fiesta oficial de Cataluña en la que se conmemora la derrota de los austracistas por los borbónicos dentro de una larga guerra de sucesión europea, era hasta hace una década una celebración con un cariz institucional en la que participaba todo el arco político, con altas dosis de folclore y mitología nacionalista. El «proceso» la ha convertido en una celebración patrimonio exclusivo de los independentistas que, incluso por los historiadores oficiales, ha sido presentada como una guerra de «secesión», momento originario de la lucha de Cataluña por la recuperación de sus libertadas. Este acto de manipulación es la representación, clara y palmaria, de la división que vive ahora la sociedad catalana, en la que quedan pocos ritos colectivos que compartir. Si el 6 y 7 de septiembre de 2017 el Parlament aprobó las leyes que suponían la ruptura con la Constitución y el inicio de la «desconexión» con la ausencia de la mitad de la cámara, con más razón una festividad como la Diada no iba a dejar de ser utilizada al servicio del independentismo, hoy instalado en la Generalitat. En los últimos años se había convertido en una demostración de fuerza que marcaba el calendario político, una exhibición de que el nacionalismo permanecía unido y no iba a renunciar a su único objetivo: la ruptura de la legalidad democrática para alcanzar la independencia. Ahora ya ni tienen sentido estos ejercicios de masas, de una elaboración coreográfica intimidante basada en la presentación de Cataluña como un «solo pueblo» uniforme y sin fisuras, porque hace tiempo que la Generalitat sustituyó la política por la agitación y todo es una demostración de la «voluntad del pueblo». Este año, además, la Diada se ha presentado como una respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O, que previsiblemente se anunciará antes del 16 de octubre, como un rechazo a cualquier resolución que no suponga la libre absolución de los procesados. Toda una amenaza frontal al Estado de Derecho en la que se ha puesto al frente el mismísmo presidente de la Generalitat, Joaquim Torra. Es más, ha llegado a amenazar con no acudir a la vista de los próximos 25 y 26 de septiembre, en la que se le juzgará por desobediencia al no retirar los lazos amarillos de la fachada de los edificios del Gobierno catalán en la pasada campaña electoral de abril. «El éxito de la Diada será la mejor antesala de la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo, la mejor oportunidad para escenificar la fuerza y el potencial del movimiento soberanista», dicen en una carta los presos y fugados independentistas. No cabe duda de que a efectos de dicha sentencia no servirá de nada, aunque sí en ahondar la división en la sociedad catalana. Hay preocupación por parte de los independentistas con su pérdida de poder de convocatoria, el agotamiento de su discurso victimista y la notoria pérdida de apoyos en sus propias filas. Esta percepción está corroborada por un sondeo de NC Report que publicamos hoy: un 66,2% dice que no asistirá a las protestas que tendrán lugar mañana por toda Cataluña. Tras el objetivo anunciado por Torra y Puigdemont de buscar el enfrentamiento abierto con el Estado, sólo se esconde la profunda división en la que vive el bloque independentista, representado por ERC, que apuesta por una posición más posibilista y alcanzar así la presidencia de la Generalitat, y la facción que dirige el PDeCAT –que a su vez vive una pugna encarnizada por hacerse con los restos convergentes–, que ve peligrar su histórica cuota de poder. Y algo más: no admitir que el independentismo ha sido derrotado en su suicida choque contra un Estado democrático les lleva a posiciones de un radicalismo que sólo indican su pérdida de sentido de la realidad.