Una ley más que oportuna

El próximo miércoles, la Comisión Constitucional del Congreso dará luz verde a la nueva Ley de Seguridad Nacional que, tras el trámite del Senado, podrá entrar en vigor a primeros de septiembre. La ley nace con el consenso de los dos grandes partidos, PP y PSOE, y responde a una necesidad evidente: la de contar con una norma que permita hacer frente a situaciones de amenaza para las libertades y el bienestar de los ciudadanos, sin necesidad de tener que recurrir a las figuras del estado de excepción o de alarma. La nueva ley, pues, faculta al presidente del Gobierno para declarar «situación de interés para la seguridad nacional» y reclamar los medios públicos y privados que sean precisos para conjurar la amenaza. A nadie se le escapa que la flexibilidad y graduación de las respuestas que permite este instrumento, dada la cambiante naturaleza de los desafíos que caracteriza a un mundo globalizado, es una herramienta imprescindible. Basta imaginar el daño potencial de las nuevas amenazas cibernéticas contra las redes de comunicación sensibles, las bases de datos médicas o las líneas de alta tensión, por citar algunos ejemplos que sitúen el problema en sus justos términos. Sin embargo, y aunque no nació para este propósito ni es su principal razón de ser, la Ley de Seguridad Nacional dota al Gobierno de la nación de nuevas vías legales para hacer frente al desafío independentista del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, que no es posible pasar por alto. Se trata de corregir esa carencia de flexibilidad en las respuestas del Ejecutivo a la que antes nos referíamos y de la que tanto rédito han sacado los separatistas catalanes, puesto que muchas de sus actuaciones, bien medidas, no dejaban más opción al Gobierno que el recurso a posteriori a los tribunales o, en su caso, al Tribunal Constitucional, o a tomar una medida absolutamente extraordinaria y problemática como es la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de la autonomía. Así, a la nueva Ley de Seguridad Nacional, también con acuerdo pleno del PSOE, que sólo ha interpuesto enmiendas de forma, que le serán aceptadas, le compete la defensa de España, de sus principios y valores constitucionales, y de la libertad, derechos y bienestar de sus ciudadanos. Cualquier ataque a estos valores, y el desafío de Artur Mas lo es sin duda alguna, permitirá poner a las órdenes del Ejecutivo central todos los medios humanos y materiales de las distintas comunidades autónomas. Con toda probabilidad, si la ley hubiera estado en vigor, no habríamos asistido al lamentable espectáculo de la farsa del referéndum separatista de noviembre en Cataluña, cuya depuración de responsabilidades aún está por resolverse en los tribunales de Justicia.