Una paz para Colombia que no puede dejar atrás a las víctimas

El Gobierno de Colombia, que preside Juan Manuel Santos, y el grupo narcoterrorista de las FARC han anunciado el acuerdo de paz que debe poner fin a medio siglo de conflicto y violencia en el país iberoamericano. El compromiso definitivo ha llegado casi cuatro años después de que se creara en la capital cubana una mesa de diálogo entre las dos partes. Sin duda, estamos ante una jornada histórica llamada a acabar con el enfrentamiento armado más antiguo del continente. En cuanto al contenido, lo pactado incluye el abandono de las armas y su entrega, la desmovilización de los miembros de las FARC, la creación de una jurisdicción especial para la paz, en la que se juzgará a los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, un sistema integral para la reparación de las víctimas, justicia, verdad y garantías de no repetición, reparto de tierras y desarrollo rural, participación política, cultivos ilícitos y lucha contra el narcotráfico, entre otros. Todo ello con un papel especial reservado para Naciones Unidas y otros verificadores internacionales. Y, finalmente, los colombianos serán llamados a las urnas para refrendar o no el contenido de estos acuerdos. Obviamente, un diálogo entre dos que concluye en una solución pacífica y que acaba con el derramamiento de sangre y la tragedia que ha padecido el pueblo colombiano debe ser bienvenido. Nos consta que el Gobierno de Bogotá, con el apoyo de la comunidad internacional, ha hecho enormes esfuerzos para alcanzar esta meta y enfocar un futuro sin violencia terrorista para su país. Esa determinación, personificada en el presidente Santos, es de justicia tenerla en cuenta en el momento de las valoraciones de un epílogo, por qué no decirlo, también controvertido por la propia naturaleza de un conflicto durísimo con un enemigo brutal que provocó una herida muy profunda en la sociedad colombiana y que tardará bastante tiempo en cicatrizar. Es innegable que el fruto de esos cuatro años de negociación está influido de las mejores intenciones y los más altos ideales en la búsqueda de ese bien superior que es la paz. Una paz que no será tal si no parte y cumple con los principios de reparación, memoria y dignidad que la democracia y las víctimas del país se han ganado y necesitan. Colombia no podrá avanzar de verdad si lo que está por llegar es una suerte de tabla rasa, de una justicia de mínimos que, en realidad, pueda ser interpretada como una capitulación del Estado. Ojalá no sea así. Queremos y deseamos que eso no ocurra, aunque sólo el tiempo lo dirá y pondrá a cada uno de los protagonistas en su sitio. Ahora, llega lo más difícil, pasar de las palabras, de lo escrito en esos documentos habaneros, a los hechos; en definitiva, cumplir lo acordado. En este punto, el escepticismo de representantes políticos clave en la vida colombiana como el ex presidente Álvaro Uribe, que liderará el «no» al acuerdo en el plebiscito, es comprensible. Las FARC son muchas cosas, la mayoría terribles, pero sobre todo no son de fiar. Tampoco ayuda que los padrinos de este proceso sean la tiranía cubana y el régimen chavista. Por tanto, es un día de esperanza para la paz, sí, pero también de cautela, de extrema prudencia. Y, desde luego, de recuerdo emocionado y respaldo absoluto a las víctimas del terrorismo colombiano.