Una Policía neutral para Cataluña

Con independencia de la resolución de los procedimientos judiciales en curso, es evidente que la actuación de la Policía autonómica catalana –los Mossos de Escuadra– a lo largo de todo el proceso separatista ha estado muy alejada de lo que cabía esperar en una Institución que, de acuerdo a lo que establece la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de 13 de marzo de 1986, debía ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, desde la plena neutralidad política e imparcialidad y, sobre todo, sin admitir el principio de «obediencia debida» en la ejecución de órdenes que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes. Pues bien, de lo actuado hasta el momento, se desprende que una parte considerable de los Mossos, de manera voluntaria o instigados por los mandos políticos, se puso al servicio de los designios golpistas de la Generalitat de Cataluña y, por acción u omisión culposa, soslayaron el cumplimiento de las resoluciones judiciales, entorpecieron en lo posible la actuación de las fuerzas de Policía Nacional y de la Guardia Civil desplegadas en el Principado, facilitaron medios logísticos para la celebración de un referéndum anticonstitucional y expresamente declarado ilegal por la Justicia, y llevaron a cabo tareas de información, cuando no de simple espionaje ilegal, sobre personas e instituciones contrarias al proceso separatista. Como ya hemos señalado al principio, si bien las responsabilidades penales deberán deslindarse individualmente, como establece nuestro ordenamiento constitucional, nos parece inevitable que el Gobierno de la Nación, sobre el que recae el mantenimiento de la Seguridad Pública, tome las medidas que crea necesarias para proceder a una reestructuración integral del Cuerpo autonómico, que restaure la confianza ciudadana y restablezca el principio de jerarquía, hoy profundamente dañado y con efecto demoledor en la convivencia y el ánimo de los propios agentes. Estamos convencidos de que el Estado, titular exclusivo de la competencia de Seguridad Pública, dispone de los instrumentos legales necesarios para proceder a esa tarea, incluso más allá de la vigencia del artículo 155 de la Constitución, puesto que se trata, ni más ni menos, de que los Mossos cumplan con lo que establece la Ley. Pero, en cualquier caso, se trata de impedir que se repita la apropiación por parte de una facción política sediciosa de un Cuerpo de Policía español, que se debe al conjunto de la sociedad y no sólo a una parte de ella. Como en otros aspectos de la vida pública, los partidos separatistas han actuado con deslealtad palmaria, causando graves perjuicios a la ciudadanía en un asunto tan sensible como el que nos ocupa. Aunque suene ingenuo, el resto de las formaciones políticas que se reclaman defensoras de la Constitución y del Estatuto de Cataluña, en especial el PSOE, como principal partido de la oposición, deberían prestar su apoyo al Gobierno sin restricciones. Por supuesto, aunque se nos antoja totalmente superfluo el aviso, no se trata de cuestionar la profesionalidad de los agentes de la Policía autónoma catalana en su labor diaria y arriesgada de defensa de la seguridad ciudadana y persecución de los delitos, labores que cumplen con encomiable dedicación, sino de erradicar las interferencias políticas y las actuaciones sectarias que las vicisitudes del proceso separatista han sacado a luz y que, sin duda, avergüenza a una mayoría de los agentes. El pacto de la Transición, que consagró el Estado de la autonomías, no pudo prever la deslealtad de una de sus partes, pero, aun así, insistimos, el Estado dispone de recursos legales suficientes para hacer valer el respeto a las leyes de todos los ciudadanos.