Una reforma fundamental

Una tasa de desempleo juvenil como la que padece España – cercana al 57 por ciento– no es sólo consecuencia de la crisis económica sino, también, fruto de un sistema educativo ineficiente, que expulsa de las aulas cada año a una cuarta parte del alumnado. Un sistema dotado de fondos públicos más que generosos –un 21% más de gasto por estudiante que la media de la OCDE– que, sin embargo, nos mantiene a la cabeza del fracaso escolar entre los países de nuestro entorno, y en la cola de la UE cuando se trata de evaluar conocimientos y aptitudes de los educandos. De ahí se desprende que afrontar la transformación de este sistema, que debiera haberse convertido en una prioridad de todo el arco parlamentario, debe ser considerado como uno de los proyectos políticos decisivos del programa reformista de Mariano Rajoy. No hay que buscar en el nuevo proyecto educativo ni sorprendentes ensayos pedagógicos ni pretensiones de ingeniería social. No, si algo positivo tiene la Lomce es que recupera principios y métodos probados internacionalmente, y se adapta sin aventurerismos a los cambios sociales de las últimas décadas. Quienes intentan desvirtuar la nueva ley poniendo el foco de la crítica en sus aspectos más secundarios cometen el error, tal vez buscado, de no valorar el conjunto. El ministro Wert ha preparado un texto legislativo que ataca directamente los tres grandes problemas del sistema: su baja calidad, la dispersión territorial y la falta de alternativas para los jóvenes que se demuestran incapaces de terminar el ciclo obligatorio. Y acaba con una anomalía: la imposibilidad de elegir el español como lengua vehícular, que es un derecho constitucional, en Cataluña. La fórmula del pago subsidiado en colegios privados –cuyo coste se resta de la financiación autonómica– zanja la polémica y deja a la Generalitat sin sus excusas habituales sobre la escasez de demanda. Pagará según el número de solicitantes. Las soluciones son racionales y, aunque implican un mayor compromiso por parte de los profesionales del sector, no deberían plantear problemas en su aplicación: se harán evaluaciones externas de los conocimientos adquiridos en periodos claves del proceso formativo, un tercio del currículo debe ser común para todos los alumnos, independientemente del lugar de España donde cursen sus estudios, y la formación profesional se convierte en una salida dignificada que no supone una opción irreversible. Entre los instrumentos para una aplicación provechosa de la reforma se refuerza la autoridad del profesorado y se dota de mayor autonomía y responsabilidad a los centros escolares, que tendrán que responder de los resultados. Y con respecto a la asignatura de Religión, que la izquierda ha llevado a una polémica absurda, la solución buscada es impecable: libertad de elección, que no excluye su alternativa de Ética.