Unidad frente a la corrupción

Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado mes de noviembre, la corrupción vuelve a ocupar, aunque por escaso margen, el segundo lugar en la lista de problemas de los españoles, sólo por detrás del paro. El dato coincide plenamente con los resultados del último informe elaborado por Transparencia Internacional, una ONG alemana, que constata que España es el segundo país del mundo, sólo por delante de Siria, en donde más ha aumentado la percepción de la corrupción en el último año. Es evidente que el estallido del llamado «caso de los ERE» de Andalucía y su extensión a las dos principales organizaciones, con especial incidencia en la UGT, está íntimamente ligado al repunte en la escala de preocupaciones de los españoles de la malversación de los fondos públicos. Sin embargo, conviene insistir en que, en ambos casos, se trata de encuestas de opinión, es decir, carecen del aval de datos objetivos capaces de medir los índices reales de corrupción. Mientras los tribunales no sentencien en firme la avalancha de denuncias de los últimos años, no se puede aventurar hasta qué punto coincide la percepción de la calle –sobreexpuesta al gran despliegue informativo con que se siguen estos casos de fraude y al cruce de acusaciones entre los distintos partidos políticos que amplifican todas las noticias– con el estado real de la moralidad pública. De hecho, la sensación de impunidad que perciben los ciudadanos con respecto a los corruptos se debe, en gran parte, a la proverbial lentitud del sistema judicial español, enredado durante años en investigaciones de gran impacto mediático que luego quedan en nada, lo que provoca la desconfianza social. Pero, con independencia de estas consideraciones, lo cierto es que la corrupción existe y preocupa, y mucho, a los españoles. De ahí que la iniciativa del Gobierno de ariano Rajoy para impulsar un proceso de regeneración con la llamada Ley de Transparencia debería ser apoyada sin ambages por el resto de los partidos políticos del arco parlamentario, así como por las instituciones que reciben fondos públicos. Las reticencias expresadas suenan a excusas de mal pagador, sobre todo cuando proceden, como es el caso de los sindicatos, de organizaciones que se encuentran bajo actuaciones judiciales, por denuncias graves de corruptelas y desvío de fondos. Sólo la apertura total al escrutinio público de las cuentas, las asignaciones y los contratos puede reducir eficazmente la corrupción. El aldabonazo que suponen los resultados del último barómetro del CIS debería ser especialmente escuchado por el PSOE para que, en lugar de buscar réditos electoralistas, colabore lealmente con el Gobierno en la erradicación de esta lacra, que tanto le afecta, por otra parte.