Unidad frente a la secesión

Entre los nuevos términos introducidos en los últimos tiempos en nuestro diccionario político hay uno de especial interés: unionista. A diferencia de otros como «transversal» y «empoderar», que son de difícil traducción, el de unionista es precisamente lo que quiere decir: aquel que busca la unión frente a la separación. La primera vez que se recuperó esta denominación política fue en la Prensa catalana en septiembre de 2012, en vísperas de la primera gran manifestación organizada por la ANC, momento fundacional del asalto independentista. El objetivo de la mención de dicho término fue para denigrar una opción política –aunque no organizada–, mirándose en el espejo sangriento de Irlanda del Norte. Una mala idea. Pero nadie debería avergonzarse porque los unionistas fueron los que defendieron en la Guerra de Secesión americana la igualdad de derechos y leyes para todo el territorio, en contra del sur empeñado en mantener los caducos privilegios de sus viejas clases dirigentes. Dicho lo cual, en la cultura democrática, la unión es siempre un valor que hay que contraponer al separatismo, los que defienden la Constitución frente a los que quieren adaptarla a sus propios intereses o sencillamente romperla. Europa es la unión y romper España es la anti Europa. La llamada que Mariano Rajoy ha hecho a la unidad de los partidos políticos para frenar el desafío secesionista catalán no es un paso estrictamente táctico, sino la estrategia misma para hacer respetar la Constitución y mantener el principio de igualdad en toda España. Rajoy se entrevistó primero con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que cerró filas frente a la declaración independentista y ofreció como alternativa una reforma federal de la Carta Magna. Ayer Rajoy se entrevistó con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que mostró su apoyo al Gobierno y ofreció un acuerdo en el que se defiende la supremacía de la legalidad por encima de los litigios electorales y que resumió con la expresión «la democracia no se negocia», algo que coincide con las planteamientos del PP. Por la tarde, le tocó el turno a Pablo Iglesias, cuya política errática hace poner en duda su lealtad hacia los temas de Estado, sobre todo, tras el apoyo de su marca en Cataluña al votar a favor del nombramiento de la presidenta del Parlament, la irredenta Carme Forcadell. El líder de Podemos puso encima de la mesa uno de los mitos de la izquierda más ortodoxa, el derecho a la autodeterminación. Sin reprimir su ansia publicitaria, le regaló a Rajoy una edición del «Juan de Mairena» de Machado, que deberían aplicárselo él mismo y su propio partido cuando dice el poeta: «Sólo lo que no es, lo que no aparece, puede constituir un problema». Efectivamente, Podemos tiene la enfermedad congénita de no decir nunca qué va a hacer de verdad. Tampoco en Cataluña. En contra del comportamiento de Sánchez y Rivera, que estuvieron a la altura de la situación, Iglesias dejó claro que no tiene una visión de Estado. El presidente del Gobierno va a seguir la ronda de entrevistas con otros líderes políticos, entre ellos, Duran Lleida, a pesar de que CDC le ha echado en cara a Rajoy no ser convocados. El pacto que se forje entre las fuerzas constitucionalistas debe partir del principio de lealtad y claridad y no dejarse enredar por la retórica nacionalista que cínicamente pide ahora también ser recibido por Rajoy, precisamente los impulsores del plan secesionista. No basta, por lo tanto, decir que se defiende la Constitución, hay que acatarla. El presidente del Gobierno debe liderar la defensa del orden constitucional desde el principio indicado en la propia Ley en su artículo 2: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». Parece poco, pero es todo.