Unos Presupuestos de alto riesgo

Tal vez sea el artificio contable en la liquidación del IVA que incorporan los Presupuestos Generales lo que mejor define el alto riesgo que para el futuro de la economía española representa el proyecto de as cuentas del Estado aprobadas ayer por el Consejo de Ministros. Y no sólo porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sume 2.500 millones de euros extra a los ingresos previstos mediante la creación de un ejercicio anual de 13 meses, sino porque la recaudación fiscal, la más alta de la historia de España con 227.000 millones de euros, está calculada sobre unos supuestos macroeconómicos que la realidad no parece confirmar. En efecto, la subida general de impuestos, que opera sobre la clásica triada del IRPF, Sociedades e IVA, descansa en unas previsiones de crecimiento del mercado laboral, de los salarios medios y del consumo interno que ya están dando muestras de estancamiento. Y lo mismo reza para los nuevos impuestos especiales, al diésel o a las transacciones bursátiles, que o no han sido regulados formalmente o no tienen en cuenta el deterioro continuado de los mercados financieros. En definitiva, el proyecto de PGE mantiene los mismos defectos que ya detectó Bruselas, aunque al ajustarse al techo de gasto por el veto del PP en el Senado encajen dentro de las normas del Pacto de Estabilidad. Hay en las nuevas cuentas, por supuesto, una subida del llamado «gasto social», pero ni siquiera en este capítulo puede hablarse de grandes avances. La mayoría de este incremento presupuestario venía condicionado por los acuerdos adoptados por el anterior Gobierno del PP –subida de las pensiones no contributivas y de viudedad, salarios públicos, equiparación salarial en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado–, con la notable diferencia de que su aplicación no iba a depender tanto del aumento de la presión fiscal como de la mejora en una actividad económica que, por el contrario, como venimos señalando, está dando los primeros síntomas de desfallecimiento. Por lo tanto, que el Gobierno de Pedro Sánchez presente estas cuentas cuando su ministra de Economía, Nadia Calviño, acaba de reducir por segunda vez en tres meses la previsión de crecimiento del PIB, sólo se explica desde la renuncia a que obtengan el necesario apoyo parlamentario. En ese caso, que la nueva posición de los nacionalistas catalanes convierte en problemático, se mantendría el efecto electoralista, que parecer ser, por las evidencias, el objetivo primordial. Así que es, precisamente, la hipótesis de que los partidos que apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez, especialmente el PDeCAT y ERC, decidan que cuadra más a sus intereses que el Gobierno actual se mantenga hasta el final de la legislatura lo que hace especialmente arriesgados estos PGE. Si bien la economía española ha mantenido la inercia que impulsó la política de reformas del anterior Gabinete popular, muy ayudado por unas circunstancias exteriores de créditos blandos, bajos precios de la energía y una moneda muy competitiva en los mercados internacionales, ahora nos hallamos ante un escenario sensiblemente distinto. Que ante un apunte de menor crecimiento, de fatiga económica, se incida fiscalmente sobre las empresas y los trabajadores sólo puede contribuir al deterioro del mercado laboral y de las expectativas de consumo. Lo que hacían falta eran unos Presupuestos contracíclicos, de reducción de la presión fiscal para mantener las constantes vitales económicas, y no el recurso a unas cuentas expansivas del gasto, pero que no garantizan los ingresos. Queda, por supuesto, el trámite parlamentario, y aunque sería de desear que el Gobierno se abriera a una negociación que incluyera a todas las fuerzas políticas, no parece probable.