Urnas separatistas contra la ley

La Generalitat de Cataluña ha anunciado la convocatoria de un concurso administrativo para la adquisición de 8.000 urnas de metacrilato y 4.000 de cartón. Se trata de un nuevo giro en ese juego de fantasmagorías con las que el Ejecutivo catalán pretenden mantener la ilusión de su referéndum separatista, si bien el destinatario principal de tanto esfuerzo, las huestes de las CUP, comienza a dar señales de fatiga y ha recibido la noticia sin demasiado entusiasmo. Para la ultraizquierda catalana todo lo que no sea fijar la fecha de la consulta y hacer pública la redacción de la pregunta –o preguntas– que debería contestar los ciudadanos, es la manera que tienen de ganar tiempo sus socios en el «proceso». La cuestión en sí no tiene otro recorrido que el ya descrito por cuanto el Ejecutivo catalán no comete ilegalidad alguna al convocar el concurso y nuestra legislación no condena por meras intenciones. Por si acaso, la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, se ha apresurado a matizar las declaraciones neoyorquinas del vicepresidente Oriol Junqueras, al señalar que las nuevas urnas pueden tener diferentes usos –por ejemplo, un adelanto de las elecciones autonómicas–, consciente, sin duda, de la suerte judicial que ya han corrido Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs. De cualquier forma, este juego de sombras tiene la fecha de caducidad en un plazo que cada vez se acerca más en el calendario y que sólo ofrece dos opciones: la renuncia al desafío soberanista y la convocatoria de nuevos comicios regionales para liberar a Cataluña del chantaje permanente de los antisistema, o arrostrar las consecuencias penales del incumplimiento de las resoluciones judiciales, en este caso, de las del propio Tribunal Constitucional, que son meridianamente claras y prohiben a funcionarios, representantes políticos y personal de empresas con contratos oficiales cualquier actuación que tenga como fin llevar a cabo la celebración del referéndum. No hay, pues, que alarmarse ante los fuegos de artificio –casi siempre en el límite de la legalidad– a los que ya nos tienen acostumbrados los representantes de la Generalitat, puesto que cualquier acto jurídico positivo que vulnere el ordenamiento constitucional tendrá su correspondiente respuesta penal. De hecho, bajo el impulso de la Generalitat, los dos partidos gubernamentales, PDeCAT y ERC, han puesto en marcha un mecanismo de coordinación del proceso separatista del que han excluido a las CUP porque, según señalan sus responsables, «quien se la juega con el referéndum es el Govern, que es quien pone su firma». Por supuesto, seguiremos asistiendo durante los próximos meses a esta estrategia de la tensión, más intensa a medida que se cumpla el plazo el próximo octubre, frente a la que conviene mantener la serenidad que proporciona la confianza en los mecanismos de defensa de un Estado democrático y de derecho como es España. Sólo toca insistir, como así hacemos, en que los representantes judiciales, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional actúen con la debida contundencia y la mayor rapidez que permita nuestro ordenamiento jurídico en cuanto se incumpla la Ley. Las demás actuaciones previsibles, como los intentos imposibles de hacer una consulta pactada con el Gobierno, decaerán por su propia naturaleza. En definitiva, que adquirir una partida de urnas no significa nada en sí mismo y ni siquiera funcionará demasiado tiempo como un placebo para las CUP. Otra cuestión es el uso que se pretenda dar a esas urnas, que si es ilegal, tendrá la contundente respuesta de la Justicia.