El CGPJ debe abrir una investigación

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La sentencia, en primera instancia, del juicio a «La Manada» ha despertado una ola de indignación en toda España. Ahora, cuando el caso se encamina a instancias superiores al haber recurrido las partes, el asunto de los supuestos «abusos» o «violación» lleva camino de complicarse en clave política. Ayer, las siete asociaciones de jueces y fiscales solicitaron en bloque la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por sus declaraciones sobre el juez que emitió un voto discrepante en la sentencia, en las que insinuaba que «tiene algún problema singular» que «todos» saben. Unas nada afortunadas manifestaciones públicas de un representante del Gobierno que ha de velar por la independencia del poder judicial y evitar toda colisión con él. Estos no son los términos que cabe esperar del ministro de Justicia. A nadie cabe entonces extrañar las críticas de la carrera judicial. De la misma manera, tampoco es de recibo que el magistrado Ricardo Javier González se expresara de la manera en que lo hizo. En todo caso, debe ser el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a quien compete la tutela o el impulso de la labor disciplinaria de los jueces, el que debe actuar ante un caso que ha despertado una profunda desazón civil con nuestros tribunales.