Electricidad: hay que bajar impuestos

Que la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia pretenda actuar sobre los altos precios de la electricidad en España, que se han convertido en un lastre para la competitividad industrial y en una carga para muchas familias de ingresos modestos, es laudable, sin duda, pero que esa reducción de la factura de la luz se haga a costa exclusivamente de la cuenta de resultados de las empresas eléctricas, obligadas a operar en un mercado regulado, es eludir la responsabilidad del Gobierno en un problema gestado, en realidad, por decisiones meramente políticas. Si la energía en España es de las más caras de Europa se debe en su mayor parte a las altas cargas impositivas que soportan el sector y el consumidor final. Desde un IVA del 21 por ciento, cuando en Francia o Reino Unido no supera el 4 por ciento, hasta un impuesto especial sobre la electricidad de otro 5,11 por ciento, artilugio del fisco que supone gravar dos veces el mismo bien, pasando por las tasas especiales a la generación hidroeléctrica, los hidrocarburos y las nucleares. También, el coste de las primas a las renovables, la amortización de centrales paradas, los derechos de emisión de CO2 y la llamada tasa Enresa. Es, decir, más del sesenta por ciento de la factura. Por ahí es por donde hay que recortar.