La situación

La espera de Feijóo

«No sería malo que se aceptara la normalidad de cumplir con la duración de las legislaturas»

Un año después de las elecciones generales, España tiene un gobierno cuyo único objetivo es hacer hoy aquello que sea necesario para mantener el poder mañana. Se ignora si dispone de la mayoría parlamentaria que construyó -a base de aceptar chantajes- para la investidura del presidente, aunque cada día que pasa hay más indicios de que no. Dos miembros de la familia de ese presidente están sometidos a investigaciones judiciales. Y el líder de la oposición pide elecciones generales todas las semanas.

En la sede del PP creen que exigir la caída del gobierno ayuda a debilitar al presidente. Quizá debieran repensar esa estrategia, porque puede cumplirse ese maleficio según el cual, conviene tener cuidado con lo que se desea, no vaya a cumplirse: que Sánchez convoque elecciones y la situación resultante no sea muy distinta de la actual. Feijóo corre el riesgo de pasarse meses (o quizás años) pidiendo a Pedro Sánchez que disuelva las cámaras. Y eso puede convertir al líder del PP en un meme. No le conviene.

Hacer oposición de forma eficiente es más complejo que decir todos los días «¡váyase señor Sánchez!». No consiste en sentarse a esperar que la manzana caiga del árbol, aunque es probable que eso sea lo que termine ocurriendo, como tantas otras veces. Pero liderar a los descontentos requiere de algo más. Por ejemplo, plantear en cada intervención pública un análisis fino (incluso con tintes irónicos, siempre llamativos) sobre la situación del gobierno, pero evitando el llamamiento cotidiano a las urnas, porque esa frase repetitiva termina por ser la única que trasciende, por muy brillante que haya sido el resto del discurso.

El error es comprensible, metido, como está, en la batalla por no quedarse atrás en el campeonato de la exageración y la hipérbole, que trata de liderar la extrema derecha trumpista. Pero no sería malo que se aceptara la normalidad de cumplir con la duración de las legislaturas. Los ciudadanos tenemos el derecho de votar y la responsabilidad de asumir las consecuencias de lo que votamos, para bien y para mal. Y ese contrato dura cuatro años.