Estado de alarma

Nadie puede negar que estamos en estado de alarma política. Hasta el «Washington Post» denuncia que España es rehén de una facción de extremistas separatistas. La pervivencia del presidente Sánchez y el futuro inmediato de la nación dependen de ellos. Una minoría, cada vez más reducida y envalentonada, marca el destino. En realidad, todo depende ahora de un fugado de la Justicia, no arrepentido de sus graves delitos, al que visitó en Bruselas la vicepresidenta del Gobierno. Es el que impone las condiciones. De entrada, borrón y cuenta nueva para él y los demás insurrectos catalanes. La ley de Amnistía tendría que ser votada por ellos mismos en el Congreso de los Diputados. O sea, yo me lo guiso, yo me lo como. Y el sumiso y progresista Conde-Pumpido daría el visto bueno en el Tribunal Constitucional. Eso se piensa. En La Moncloa llaman a esto «alivio penal», imprescindible para lograr la investidura del político derrotado en las urnas.

Yolanda Díaz, la emisaria oficial, sigue en su puesto. Y tan contenta. El Tribunal Supremo de España ha quedado desautorizado ante Europa con su temerario gesto de complacencia con el fugitivo. Ha sido un tremendo golpe moral. La alarma aumenta. Cada vez más observadores opinan que todo esto está poniendo en peligro el orden constitucional y el Estado de derecho. Los jueces se mantienen contenidos de momento. Los más alarmistas preparan ya la pancarta: «De La Moncloa, a la trena». Seguramente no se llegará a tanto, aunque no sería el primer caso. Basta con asomarse a América y ver la suerte de muchos mandatarios. Siempre quedan cabos sueltos y basura bajo las alfombras marroquíes. El presidente del Gobierno es el primer obligado a cumplir la Constitución y las leyes.

Los históricos del PSOE empiezan a dar la voz de alarma. Por fin, ha salido a la palestra Felipe González, la mayor autoridad moral del socialismo español. Ha venido a repetir la frase de Ortega cuando el desvarío de la República: ¡No es esto, no es esto! Con el sanchismo se siente políticamente huérfano. Ha dejado claro que ni la amnistía ni el referéndum de autodeterminación caben en la Constitución. No hay apaños que valgan para complacer a Puigdemont. Lo mismo piensa Nicolás Redondo que, por dignidad, después de más de cuarenta años de militancia, se ha dado de baja del PSOE de Pedro Sánchez. Tímidamente van saliendo otras figuras a mostrar su perplejidad y preocupación: Alfonso Guerra, gran referente, Ramón Jáuregui, Virgilio Zapatero, Emiliano García-Page… En todos ellos la lealtad al partido pugna con la razón ética. Veremos.