Estatolatría

Estatolatría, según algunos estudiosos, es el gobierno absoluto del Estado, que incluye la subordinación del individuo y de los derechos a él inherentes a los fines superiores de la Institución que todo lo controla. No es difícil asociar esta característica a algunos sistemas políticos que surgieron fundamentalmente en el siglo XX. Como es fácil de cotejar, no se escapan a la tentación ni repúblicas ni monarquías.

Esta derivación improcedente se produce cuando el gobierno de un país, en el ejercicio de las funciones que le son propias, aplica como norma general «el fin justifica los medios» para conseguir sus propósitos y para ello con procedimientos capciosos va «colonizando» todas las esferas públicas del poder, de tal manera, que puede llegar a dejar inerme al ciudadano mediante el absolutismo del Estado ejercido por el gobierno. Este proceso es obvio en las autocracias, pero debería ser repudiado en las democracias.

Como es sabido, el gobierno en las democracias liberales es temporal, se renueva cada cuatro años, pero el Estado es permanente. El gobierno lo conforman uno o varios partidos políticos pero el Estado lo forman servidores públicos que ingresan por oposición, mérito y capacidad, en su mayoría, y deberían ser totalmente independientes. La alternancia en el poder en España, mucho tiempo atrás, llevaba consigo el cambio de servidores públicos que colocaba el partido de turno, pero eso felizmente se acabó, pues va en contra de la democracia liberal. Sin embargo, cuando el partido en el gobierno coloniza políticamente el Estado, y en lugar de servidores públicos capacitados nos encontramos a activistas políticos o servidores de parte, una forma estrafalaria de la estatolatría aparece poniendo en peligro el sistema democrático.

La tentación autoritaria del poder, que se encuentra en su misma esencia, está neutralizada por la Constitución de los países donde se determinan los límites, equilibrios y controles del poder y se garantiza los derechos y libertades individuales, en primer lugar, y las necesidades de la sociedad para mantener la paz social que llamamos «contrato social» y que determina que los que más tienen aportan lo justo y necesario para proporcionar a los que menos tienen, a través del Estado, lo preciso para desarrollar su proyecto de vida. Para evitar esa tentación autoritaria y garantizar que el poder, el gobierno, no se extralimita en el ejercicio de sus funciones, es preciso una Administración de la Justicia independiente y unas Cortes Generales, o Parlamento, no sometidas a los dictados del gobierno de turno. Por ello parece una aberración democrática que los puestos en el órgano independiente de administración y gobierno de los jueces se lo repartan los partidos.

Pero, ¿que es el Estado? Desde luego no es el gobierno, ni es la Corona, ni es la sociedad civil organizada de forma privada; es lo permanente de los ministerios, son las Fuerzas Armadas, son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, son las empresas e instituciones públicas, son los servicios públicos, es la sanidad pública, la seguridad social, la educación pública, el servicio exterior, es la Justicia, todo ello es el Estado. Si el gobierno se dedica a colonizar todo lo que he nominado como parte del Estado, la independencia de la función pública desaparece y la estatolatría se muestra en el ejercicio de la administración con una finalidad única del gobierno, perpetuarse en el poder sin encontrar valladares de moralidad.

Se preguntarán de donde surge el concepto que tratamos, pues es fácil de deducir que de «El Príncipe» de Maquiavelo, que le hizo decir al autor, para justificarse, que «yo he enseñado a los príncipes a ser tiranos, pero también he enseñado al pueblo a destruirlos». El primer crítico de la obra del florentino fue el padre Ribadeneyra que le contestó con el título «El Príncipe cristiano» y sobre todo y de forma contemporánea al jesuita, el rey Federico II de Prusia que realizó un examen crítico de «El Príncipe» con la finalidad de contrarrestar el pernicioso influjo del libro de Maquiavelo en el gobierno de los estados.

Para desgracia de muchos, «El Príncipe» es mucho mas conocido que el libro de Ribadeneyra y sobre todo que la excelente crítica de Federico II de Prusia. El rey prusiano, inteligente, pragmático, descreído y homosexual, fue un gran rey, prohibió la pena de muerte y los castigos corporales y su sensibilidad le impedía incluso montar a caballo con espuelas. Sin embargo, su obra no es referencia de gobernantes, a diferencia de la de Maquiavelo, que nos dejó, para desgracia de la democracia liberal, el principio de que «el fin justifica los medios».