El sanchismo nunca da puntada sin hilo y su trayectoria demuestra que no es generoso con nada que guarde relación con el Partido Popular y de lo que no pueda sacar rédito. Con esa premisa, la propuesta para condonar 83.252 millones de la deuda de las comunidades autónomas es cualquier cosa menos inocua, transparente, equitativa e íntegra. Parece lógico y justo que bajo esas premisas las comunidades populares se plantaran y abandonaran el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que abordó la materia. Todos los presentes sabían que la quita planteada por María Jesús Montero es la contraprestación acordada con ERC para que la legislatura no acabe abruptamente antes del plazo, y que no es más que otro eslabón en la larga cadena de «pagos» por Moncloa. Esos 17.000 millones «perdonados» a la Generalitat son el meollo del contubernio y el resto del plan, esa falsaria mano tendida al resto de territorios, la puesta en escena y la coartada para sostener la narrativa sanchista. Que la iniciativa amadrinada por María Jesús Montero pasara el trago en el Consejo no le garantiza la mayoría absoluta en el Congreso que necesita. Carles Puigdemont abomina del «café para todos» y exige la supresión total de la deuda del Principado con el FLA, unos 72.000 millones. El expresidente catalán es un peliagudo compañero de aventuras cuando percibe que se le ha ninguneado en el trato con los republicanos de Junqueras que se han anotado el tanto. Así, y aunque nada se puede dar por certificado en un Parlamento sin mayorías pétreas, el PP encara un escenario tramposo y fraudulento embridado por un relato casi limosnero por parte de la Hacienda sanchista no menos inicuo. En esencia la condonación en términos reales no existe; es una maniobra de mutualización de un pasivo para que todos los españoles corramos con lo que en origen correspondía a los dispendios de una parte. Un pastiche que alienta el agravio y la indisciplina fiscal mediante una suerte de borrón y cuenta nueva. Gratificar a los negligentes e incapaces en la gestión de lo público a cambio de castigar a los rigurosos y disciplinados supone bendecir la injusticia. Hacerlo sin factores correctores como la infrafinanciación o la población ajustada habla también de la arbitrariedad y la ineficiencia de una gracia incondicionada que abona la convicción de que el Estado siempre saldrá al rescate de la incuria. Los populares están más que legitimados para desmarcarse de este trágala que encubre las componendas del sanchismo, como también para recurrirlo en defensa de la verdad. En palabras de Felipe González: «No van a quitar nada de deuda a nadie, es mentira, la vamos a pagar de una manera u otra». Que Montero aproveche el envite para pagarse la campaña en Andalucía con los fondos públicos es parte también de la encerrona.