La indignidad del relator

Las exigencias de Puigdemont ni me sorprenden ni me molestan, porque son coherentes con su independentismo y su odio a España. Lo extraño sería que no se aprovechara de la debilidad de un candidato que está dispuesto a todo con tal de comprar los votos para lograr la investidura. Lo mismo sucede con Junqueras, Aragonès y Rovira. El triunvirato que manda en ERC también se quiere aprovechar de este indigno mercadeo, aunque su posición es más débil. No tienen otra salida que votar a Sánchez. Los que se aprovechan del sanchismo, la izquierda política y mediática, son coherentes a la hora de anteponer sus intereses a cualquier principio ético o respeto institucional. No se puede culpar al secretario general del PSOE, porque todos los que revolotean a su alrededor son, salvo excepciones, los que fueron unos furibundos antisanchistas y aplaudieron su defenestración. Por supuesto, si hoy gobernara el centro derecha le habrían ejecutado políticamente sin ningún remordimiento. No hay que sorprenderse, también, porque sea un candidato desesperado que anteponga el poder a cualquier otra consideración. La exigencia de un relator internacional es la culminación del esperpento político español.

Los elementos que conforman la inconstitucionalidad de la futura ley orgánica de amnistía o como quiera que se llame no ofrecen ninguna duda. Es un fraude de ley, porque se sustenta en una mentira que provoca un vicio de nulidad. A Conde-Pumpido y sus marionetas en el Constitucional no les importa, pero tendrán que asumir en su conciencia haber actuado por motivos estrictamente partidistas. No me sorprende, porque la Historia nos demuestra que siempre hay juristas dispuestos a cometer la indignidad de someterse al poder. La exigencia de elegir a un relator que medie entre el Gobierno y los independentistas que quieren acabar con España forma parte de las obsesiones de Puigdemont y Junqueras. Es una forma de humillación que ni siquiera debería ser objeto de negociación. No importa que el relator o mediador sea un extranjero o un español, porque no encontraremos en la Historia un acto más ruin y rastrero cometido por políticos que han prometido «guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado».

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)