Intolerable acoso a la libertad empresarial

La agenda social acordada por el PSOE y Sumar para «mejorar la vida de la gente» supone precarizar más la existencia de los españoles y conducir a la nación a las tinieblas económicas. Es un ataque frontal contra el principal motor de riqueza y empleo como es el tejido empresarial, con un ensañamiento de tintes demagógicos contra las grandes compañías. Acosar a las empresas con ínfulas intervencionistas y liberticidas resulta un desatino incluso en un marco de crecimiento; en un contexto de desaceleración y potencial recesión como el que se atisba, es, además de torpe, desleal con el país que dobla la tasa de desempleo de la Unión Europa. La izquierda más radical del continente, que padecemos en el poder, ha urdido un endurecimiento de las ya aciagas condiciones fiscales y regulatorias en su pacto por el poder absoluto. Ha decidido, entre otras cosas, el mantenimiento de los impuestos extraordinarios a energéticas y a la banca, cuya eliminación había sido recomendada por la Comisión Europea con argumentos tan sólidos como nulo éxito. En su día, ya censuramos el atropello impositivo de ese gravamen por contravenir la Constitución, además de por su carácter discriminatorio. Su renovación solo puede interpretarse como una agresión a firmas muy señaladas en el imaginario sectario de la izquierda. Su condición de referentes en la inversión en activos industriales y en generación de empleos en España no ha hecho mella en los hostigadores. Repsol ha reaccionado como cabía esperar ante una hostilidad tan manifiesta e injusta por parte de la izquierda política en defensa de los intereses de sus accionistas, pero también del bien común y del estado de derecho. El aviso de que, «antes de tomar cualquier decisión de inversión en España», analizará si las condiciones son «estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de los proyectos», y que si no es así, se cuenta con «otras alternativas», constituye la única respuesta posible y seria de una empresa de alcance mundial que se siente perjudicada de forma arbitraria. Poner el foco sobre referentes como Repsol, que fue la marca del Ibex 35 que más impuestos pagó hasta septiembre, 10.890 millones, de los que cerca del 70% corresponde a España, con una tasa del Impuesto Sobre Sociedades del 37%, muy por encima de la media de los países de la OCDE, es un despropósito tendencioso. Las energéticas necesitan un marco regulatorio y fiscal estable, seguridad jurídica y certidumbre. Pedro Sánchez y Yolanda han blindado un plan contra el crecimiento y el empleo, que nos ata a un bucle tóxico de déficit estructural y deuda histórica y al expolio fiscal. España necesita ampliar su parque empresarial, insuficiente en el medio y gran tamaño. Urge más inversión y no menos, nuevos proyectos, cuidar los que tenemos, y no azuzar la deslocalización; más horas trabajadas y productividad y no menos. Esa libertad empresarial que la Constitución garantiza y la izquierda sabotea.