Manual para políticos de izquierdas

El artículo 47 de la Constitución establece que todos los españoles «tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» y que los poderes públicos «promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Hasta aquí, vamos bien. El problema surge cuando los «poderes públicos» son incapaces de cumplir con la encomienda y deciden, como ahora, trasladar su responsabilidad a los ciudadanos, en este caso, los que se dedican al negocio del alquiler de pisos. La idea de operar sobre la demanda en lugar de sobre la oferta figura, eso me han dicho, en el afamado manual «Cómo gobernar fácilmente en diez lecciones» que todo político de izquierdas tiene sobre la mesilla de noche. Creo que es el capítulo dos, porque el uno está dedicado a la resolución de los problemas del tráfico en las grandes y medianas ciudades, que se resuelve en la prohibición del coche, salvo, claro está, los automóviles oficiales y los Tesla de 40.000 euros, que a los ricos de siempre no nos gusta nada el metro, lleno de obreros. Por cierto, que alguien debería advertir a Martínez-Almeida que ese manual es para políticos de izquierdas, que, luego, el pobre se nos confunde. Pero al lío. La base filosófica del capítulo dos es que la construcción de viviendas es, por definición, pura especulación capitalista que se alimenta de la sangre de los más vulnerables. Además, la industria de la Construcción es uno de los grandes males que aquejan a la salud del planeta y, por lo tanto, debe estar sometida a estrictos controles de todo tipo, desde la tipología urbanística a las restricciones medio ambientales, pasando por la calificación de los distintos tipos de suelo. Así, los funcionarios públicos, que en su inmensa mayoría han cursado la especialidad de Geografía Urbana, pueden determinar dónde, cómo, cuándo y a qué precio un empresario inmoblliario puede jugarse la pasta y levantar un bloque de pisos, no vaya a ser que especule, se haga rico y se compre un club de fútbol o le dé por patrocinar concursos de hípica. Por supuesto, en caso de duda, el manual explica que es mejor los edificios «adaptados a las personas», que esos monstruos de 20 plantas que, repercutidos sobre los metros cuadrados del solar, salen a mejor precio. Paisajes urbanos sostenibles y tal, amigables, y no esos mastodontes de Hong Kong donde se hacinan decenas de miles de chinos, aunque, eso sí, con baño, cocina salón comedor y dos habitaciones. Según el manual, el objetivo principal, casi único, del político de izquierdas deber ser yugular cualquier «burbuja inmobiliaria» que pueda surgir, por lo que los retrasos en la concesión de licencias deben ser la norma y no la excepción, tarea para la que deben contar con la inestimable colaboración de los interventores y secretarios municipales, que ya se sabe que todos los alcaldes y concejales de urbanismo son unos tipos con alma de chorizo que, a la que pueden, te la cuelan. Y, en último caso, se recurre a los tribunales, con lo que se garantiza el retraso de cualquier proyecto. Como el éxito en la lucha contra la especulación es inversamente proporcional al parque de viviendas en oferta y el malvado mercado capitalista sube los precios, pues el manual tira de Franco, siempre de actualidad, y aplica límites a los alquileres. Guay.