Ahora que, gracias al impulso que el partido socialista ha imprimido a una adulterada reinserción de terroristas, se ha intensificado la concesión de terceros grados a los presos de ETA –lo que en la práctica implica su excarcelación–, es quizás el momento de volver a recordar lo que esa organización armada destruyó a lo largo del medio siglo sobre el que se extendió su periplo criminal. Porque, además, sobre este asunto se ha extendido un manto de silencio, como si el terrorismo no hubiese producido costes para las personas directamente afectadas y para el conjunto de la sociedad. La falsedad de esta idea se pone de relieve en los estudios que, en los últimos años, he realizado a este respecto. En efecto, reuniendo las cifras correspondientes –que no son completas– se puede afirmar que los daños directos causados por ETA alcanzaron los 20.681 millones de euros (a precios actuales). La décima parte de esta cifra correspondió a la valoración de los perjuicios sufridos por las víctimas (muertos y heridos) provocadas por la banda; el 40 por ciento lo explican las destrucciones materiales derivadas de sus atentados; y el resto lo forman los costes de la seguridad que hubo que desarrollar para combatirla. Conviene aclarar que la totalidad de esa cuantía tuvo que ser abordada por el Estado, bien a través de sus presupuestos, bien mediante otros instrumentos como el Consorcio de Compensación de Seguros, el sistema de pensiones de Clases Pasivas y la Seguridad Social, y los recargos sobre las tarifas de la electricidad.

Pero más allá de esos daños directos, el terrorismo etarra produjo un monumental coste indirecto sobre la economía del País Vasco al provocar que ésta, desde mediados de la década de 1970 hasta la de 2000, creciera por debajo de su nivel potencial, con el consiguiente efecto, también negativo, sobre el aumento de la población. Ese coste se estima en 365.192 millones de euros, lo que equivale al 17,4 por ciento del PIB regional. Y en cuanto a la población, ésta fue un 25 por ciento inferior a su nivel potencial –o sea, 711.000 habitantes menos de los que pudieran haber existido sin terrorismo–. Y este coste lo sufrimos sin distinción todos, vascos y españoles.