Sánchez ansía una Justicia de partido

El Consejo General del Poder Judicial ha cumplido cinco años pendiente de una renovación de sus vocales que no llega. Ese lustro tiene un denominador común, además de la anomalía que supone que el órgano de gobierno de los jueces opere en funciones, que responde al nombre de Pedro Sánchez. Antes de su ascenso al poder, socialistas y populares fueron siempre capaces de alcanzar un consenso que preservara la función y la integridad de una institución clave del estado de derecho. Con él llegó el escándalo que ha situado a España en el foco de Bruselas con reproches en sus informes sobre el estado de la Justicia en nuestro país. Hemos hecho merecimientos de sobra para sobresalir como uno de los estados con mayor injerencia del poder político en el ámbito judicial. Resulta incontestable que los tribunales, los jueces y los magistrados atraviesan uno de los periodos más aciagos de la historia de la democracia y que la responsabilidad del sanchismo en esta crisis es principal. Sus primeras decisiones, con el nombramiento de su ministra de Justicia como fiscal general, y todos los desmanes sucesivos han respondido a la lógica planificada del ataque a la independencia y el control de una estructura del Estado que sirve de contrapeso a los abusos del poder político. El sanchismo ha convertido a la Justicia en un campo de batalla, sometiéndola a un asedio continuado para rendirla por cualquier medio. Aunque no son órganos jurisdiccionales, la deriva del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, amén de la ocupación del Ministerio Público a través de una política de nombramientos afines irregular, manifiesta las intenciones no de dar cumplimiento a las previsiones constitucionales, como se proclama, sino de articular una justicia de partido, sometida y obediente a Moncloa. En el autoritarismo democrático que practica la izquierda, una cúpula y unos togados imparciales no tienen cabida y son considerados y tratados como una amenaza. Por esa razón, en un fraude de libro, Sánchez intervino el CGPJ para hurtarle su competencia de nombramientos de los tribunales superiores y estrangular de facto su funcionamiento cotidiano. Se ha atacado el servicio público de la justicia con el perjuicio al sistema y al ciudadano. Europa ha marcado las reglas y los límites para despolitizar el modelo y converger con los cánones de las democracias consolidadas de nuestro entorno con una división de poderes que sea tal. Se debe renovar el CGPJ, pero conforme a los estándares comunitarios, que son también los que establecieron los padres de la Carta Magna, que los jueces sean elegidos por sus pares y no por los partidos en función de cuotas vergonzantes y tóxicas. Sánchez ha desobedecido a Bruselas con una conducta rebelde al orden europeo. Ha bendecido audiencias inquisitoriales contra los togados en el Congreso que los señalan como prevaricadores y no hay una palabra de apoyo mientras sus socios los insultan y difaman. El PP nada puede pactar con el sanchismo y debe mantenerse firme.