Títulos falsos

Los recientes casos de políticos que falsifican títulos universitarios, o se los inventan, son una señal alarmante, peligrosa. Una falta gravísima que no podemos minusvalorar: supone un abuso, una estafa basada en la propia identidad del falsificador, que pretende cambiar la realidad para presentarse como alguien que no es, buscando siempre el beneficio personal por encima de todo lo demás. Incluso por delante de su partido. No hablemos del bien común, en el que alguien tal no habrá pensado –sus acciones así lo corroboran– jamás. Un político está obligado a devolver a los ciudadanos la confianza que han depositado en él, y presentándose con disfraces y apariencias de méritos que no tiene no solo no lo hace así sino que hurta esa confianza a sus votantes, los estafa, les hace el truco del tocomocho político. De paso, ocupa un puesto que debería corresponder a una persona más dotada que él, de modo que se convierte en un obstáculo corrupto que impedirá –demasiados granos de arena en el desierto de la podredumbre pública…– que el tejido social esté sano, funcione con la salubridad que le es precisa. Este tipo de personajes corroe la moral pública porque la gente, al conocer sus comportamientos delictivos, se aleja de la política, desconfía de ella (con razón), se asquea e incluso puede calificar la ley de ilegítima, como una trampa que políticos corruptos, mentirosos y defraudadores tienden a los honrados ciudadanos para beneficiarse a sí mismos.

El «compliance» (cumplimiento normativo), tan de moda, exige ética, transparencia y rectitud de personas e instituciones, gobiernos incluidos. Es imposible pedir a la ciudadanía que actúe bajo esos principios mientras los políticos rijan su comportamiento por los anti valores del aprovechamiento, el lucro personal, la mentira, leyes prevaricadoras, falsedad documental… ¿Qué podemos esperar de quien luce como credenciales un acto deshonesto, un título «fake»? Respuesta: solo un despeñadero que conduzca al desprestigio de las instituciones donde ejerza su dominio. Un cargo público estafador devalúa la democracia, origina riesgos y perjuicios cuyo alcance no solo es reputacional, sino operativo. Y las consecuencias negativas no las sufre únicamente él, sino las leyes, la influencia y el crédito de un país entero.