Represión en Venezuela

Constituyente y Resistencia Civil

A la resistencia cívica venezolana le asiste la voluntad mayoritaria del pueblo, las leyes nacionales y el respaldo de la comunidad internacional democrática

La Razón
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Se ha consumado el fraude constituyente del presidente venezolano Nicolás Maduro. Ante este intento de aniquilar la república se fortalece la vocación democrática del pueblo que continúa en resistencia cívica exigiendo elecciones generales para sacarlo del poder. Esta voluntad mayoritaria ha sido ratificada en una reciente consulta ciudadana. Venezuela padece hoy la peor tragedia de su historia republicana convirtiéndose en el país más pobre de la región con un devastado aparato productivo. Sus ciudadanos son sometidos por Maduro a una escandalosa realidad: la constante y sistemática violación de sus derechos humanos, la abolición de las libertades fundamentales, la inflación más alta del mundo que supera el 700%, escasez de alimentos, medicinas e insumos básicos en más de un 80%, además de una altísima criminalidad que registra más de 28.000 muertes anuales por violencia, se ha vuelto cotidiana la migración de jóvenes y familias que huyen por resguardar sus vidas. El gobierno deja en evidencia su incapacidad para dar respuesta a los problemas de la población y demuestra a la vez ser el responsable de esta realidad producto de un medio fracasado y de su enorme corrupción. Estamos en presencia de un estado delincuente y narcotraficante que humilla constantemente a su población. Este escenario ha impulsado la formación de un movimiento de Resistencia Civil que demanda un cambio político y democrático para superar la adversidad.

El presidente Nicolás Maduro ha mostrado su conducta déspota y tiránica con la peor represión de la historia. Tras su irreparable impopularidad y su imposibilidad de ganar una elección, ha cerrado todas las vías democráticas y legítimas para superar la crisis nacional. El ejecutivo junto al Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral secuestraron el derecho del pueblo a celebrar un referéndum revocatorio del mandato presidencial, burlaron el mandato constitucional de realizar elecciones a alcaldes y gobernadores el año pasado y, por si fuera poco, usurpan las funciones al Poder Legislativo luego de perderlo en las elecciones diciembre del 2015. Los culpables de la catástrofe venezolana pretenden convertirla en algo permanente e irreversible. Luego de romper el orden constitucional adelantan su plan para extinguir la República Democrática, legitimar a la dictadura de facto a través de una Asamblea Nacional Constituyente ilegal, y obtener la sumisión del pueblo venezolano. Se trata de una maniobra fraudulenta, un mecanismo perverso para arrebatar al pueblo su derecho a elegir, imponiendo un modelo adecuado a los intereses de unos pocos para evitar salir del poder.

En nuestra Constitución existe la figura de la Asamblea Nacional Constituyente como un mecanismo para crear una nueva Carta Magna, pero para que esta sea convocada se deben cumplir una serie de requisitos expuestos en los artículos 347, 348 y 349. Este ordenamiento faculta al presidente a realizar una iniciativa para modificar la norma suprema, pero posterior a ello debe consultarse al pueblo si desea que dicho proceso constituyente sea llevado a cabo. Esta condición fue ignorada por el gobierno, quien de inmediato convocó a elecciones (sin que el pueblo aprobara tal propósito) en clara violación a la soberanía nacional que reside en el pueblo, quien la ejerce de manera directa y a través del sufragio directo, universal y secreto. Nicolás Maduro agotó la convocatoria utilizando la obediencia del poder electoral, impidiéndole al pueblo decidir y adicionalmente, en complicidad con esta institución, modificó los mecanismos de votación directa y universal, convirtiéndola en una elección sectorial en la que además la participación de sus partidarios será monitorizada mediante el nuevo «carnet de la patria» (para adquirir productos básicos). Adicionalmente, los funcionarios públicos han sido chantajeados y amenazados como medida de cooptación para que le respalden y participen en su fraude electoral. El presidente ha dicho que el objetivo de su propuesta es «lograr el diálogo, lograr encuentros para vivir en paz y poner fin a la violencia», pero contradictoriamente convocó únicamente a sus adeptos a la realización de esta consulta y ha puesto en práctica su declaración de guerra al pueblo: «Lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas». Efectivamente a quienes disienten se les persigue, encarcela, tortura y hasta se les asesina.

El totalitarismo existente en Venezuela se puede profundizar a través de este supra-poder constituyente controlado solo por la cúpula de Maduro porque amenaza las garantías ciudadanas indispensables para alcanzar el desarrollo de la nación. Toda constitución supone un gran consenso nacional bajo la forma de norma rectora para la convivencia, pero si esta no goza de ese consenso nacional, será inevitable el escenario de conflictividad. Ante esta nueva agresión del gobierno la respuesta del pueblo venezolano será la defensa de su dignidad y el cumplimiento del mandato ciudadano expresado en la consulta popular del pasado 16 de julio amparada en los artículos 333 y 350 de la Constitución, donde resultó con la aprobación de más de 7.6 millones de venezolanos el desconocimiento a este intento de desmantelar la República y el compromiso mayoritario de recomponer los poderes públicos, la institucionalidad y la democracia. Esta defensa supone una nueva etapa de lucha donde el pueblo profundizará la escalada de presión popular y no renunciará a su vocación y legítimo derecho de luchar cívicamente hasta hacer retroceder esta amenaza y reconquistar la democracia, la paz y la constitucionalidad.

El bravo pueblo no permitirá el secuestro de su país, pese incluso a la costosa represión de la dictadura, que hasta el momento ha practicado más de 5.000 arrestos por protestas, más de 1.400 ciudadanos permanecen detenidos, más de 500 han sido presentados ante la justicia militar siendo civiles, más de 500 presos políticos, más de 16.000 heridos y más de un centenar de venezolanos asesinados por órganos represivos que responden a la dictadura de Nicolás Maduro. A la resistencia cívica venezolana le asiste la voluntad mayoritaria del pueblo, las leyes nacionales y el respaldo de la comunidad internacional democrática. Sabemos que no será fácil el camino por transitar, el gobierno nos ha conducido a un conflicto generalizado que podría desencadenar una guerra civil, pero la historia venezolana revela que cuando el pueblo decide ser libre y lucha para lograrlo, termina por vencer las tiranías.