Andalucía

Género y jueces

Las promesas del nuevo presidente brasileño y las exigencias de Vox para apoyar un cambio de gobierno en Andalucía traen a la actualidad la llamada ideología de género, un tema propicio para argumentaciones de trazo grueso. Lo prueba que corra la idea de que oponerse a la «visión de género» equivalga a ser de ultraderecha, estar a favor de la desigualdad, es machismo y supone, como mínimo, insensibilidad hacia la violencia sobre la mujer.

No insistiré mucho sobre una ideología que, cargada de prejuicios, busca eliminar la superioridad del hombre sobre la mujer acudiendo a una falsedad: no hay hombres o mujeres, lo que como tales existe son roles sociales, atavismos culturales y que el sexo deba entenderse como opción. Tal ideología exige que la violencia sobre la mujer se explique desde el feminismo de género, una categoría ajena al feminismo de igualdad y a la dignidad de la mujer que dice defender, llegando a coaligarse en ciertos casos con el más recalcitrante machismo: a la legislación proabortista me remito.

También hay que recordar que la novedad fundamental de ley de violencia sobre la mujer de 2004 fue inyectar esa carga ideológica y digo esto porque en lo demás medidas sociales, asistenciales y jurídicas partía de una normativa preexistente e incorporó previsiones que ya estaban en el debate. Desde esa premisa ideológica se prohíbe preguntar sobre el porqué de tal violencia, se obvia la que se ejerce sobre hombres, ancianos y menores porque la realidad de la violencia doméstica no puede arruinarle el discurso a quienes sólo quieren hablar de violencia de género. Se prohíbe esa indagación porque el feminismo de género ya ha dado su respuesta, más que dogmática, axiomática, de ahí que los poderes públicos ciñan su política al muy noble arte de la estadística: cuántos crímenes va en lo que llevamos de año, cuántos por autonomías, en cuantos casos había mediado denuncia, orden de alejamiento, etc.

La realidad es que esa violencia no mengua y se confirma lo que muchos advertimos en 2004: que esa ley generaría más violencia. Lo demuestra que muchos agresores respondan a la tipología del desesperado, alguien que ya nada tiene qué perder y acaba suicidándose o entregándose, porque ninguna eficacia disuasoria tiene para él una ley que es una bicoca para no pocos colectivos feministas, es ideal para el abuso y la trampa y deja al hombre desprotegido, sin derechos. Para esa ley el hombre es el nuevo enemigo social, lo que no puede traer buenos frutos tal y como advirtió el Consejo General del Poder Judicial al informar sobre ella. Asimismo, añadió que al criminalizar por definición al hombre y presumir en él una concreta intención, resucitaba el Derecho Penal de autor, de raigambre nazi, idea compartida algunos miembros del Tribunal Constitucional.

Pues en estas estamos cuando acaba de promulgarse la ley que lleva al ámbito judicial el «Pacto de Estado en materia de violencia de género», fruto del ambiente creado tras la primera sentencia de La Manada y que prevé algo defendido demagógicamente al calor de aquella sentencia: que los jueces debíamos ser formados en la visión de género. En efecto, la ley obliga a que la formación de los jueces se oriente –y cito literalmente– a «la capacitación en la aplicación de la perspectiva de género en la interpretación y aplicación del Derecho». Es decir, que debemos formarnos para aplicar e interpretar las leyes al margen del Derecho y hacerlo conforme a una ideología falsaria, como lo son los dogmas del feminismo radical, formación que condicionará la carrera y la progresión profesional del juez.

Esta iniciativa la han defendido, ojo, todos los grupos parlamentarios y sería parangonable a que se nos impusiese formarnos para que apliquemos las leyes según la ideología nacionalsocialista, marxista o los intereses del capitalismo salvaje. Buceando en la historia de nuestra Justicia sólo se encontraría una imposición ideológica análoga en la España de la posguerra, cuando los jueces debían mostrar su adhesión a los principios del «Glorioso Movimiento Nacional», «adhesión que no puede ser tibia ni formularia, sino fervorosa» según exigía aquel gobierno. Bueno, pues ahí está: así homenajean nuestros políticos al Estado de Derecho en el cuarenta aniversario de la Constitución.