Ocasión perdida para la justicia

Hoy es la Apertura de Tribunales, acto solemne de inicio del Año Judicial. Solemne y simbólico porque los tribunales ni cierran ni paran; cosa distinta es que el mes de agosto sea inhábil. Pero a diferencia de los otros poderes del Estado, el Judicial no se disuelve –Legislativo– ni cesa, como el Ejecutivo. Que previsiblemente vayamos a completar un año sin actividad ni legislativa ni gubernamental –ésta limitada a lo que la Ley prevé para un Gobierno en funciones– no paraliza al otro poder, el Judicial.

Pero este año perdido no le sale gratis a la Justicia. Piénsese –y son ejemplos– que en la antepasada legislatura se aprobaron una serie de reformas procesales que exigen una atención ministerial, un desarrollo, como mínimo, para dotarlas de medios; o piénsese en el limbo legal en que han quedado las tasas judiciales tras la declaración parcial de inconstitucionalidad. Por tanto los tribunales siguen su curso, pero el parón institucional se hará notar. Supongo que esta situación será objeto de comentario y advertencia en los discursos de esta mañana.

Lo que ya hay que dar por perdido es el pacto de investidura entre PP y Ciudadanos. Incluía reformas judiciales relevantes, de las que destaco tres: vuelta al sistema constitucional de elección por los jueces y no por los partidos de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial; supresión de los magistrados elegidos por los Parlamentos autonómicos, y reforzamiento de las oposiciones. Toda una enmienda a la totalidad a la política judicial con la que el socialismo traicionó el pacto constitucional y que se basó en ignorar los problemas de eficacia judicial para centrarse en el dirigismo partidista del Poder Judicial.

Se ha perdido una gran ocasión. No sé si lo pactado para Justicia habrá pesado mucho en ese «no es no», pero viéndolo sólo en ese aspecto es fácil entender el empeño de la izquierda y de los separatistas por obstaculizar una investidura que llevase a tales reformas: no forma parte de su respectivo ADN ideológico un Estado de Derecho basado en la separación de poderes y en la independencia del Poder Judicial; para ellos son ensoñaciones o burguesas o a conveniencia del centralismo español.

Pero para sorpresa la de los favorables al pacto. Lo pactado no estaba en el anterior pacto que Ciudadanos firmó con socialistas, lo que muestra o su elasticidad o su camaleonismo: si pacta con socialistas, predomina el rojo; si lo hace con populares, el azul. Pero también sorprende la falta de criterio del PP. Tras décadas sosteniendo que, de tener mayoría absoluta, reinstauraría el sistema constitucional de elección del Consejo, por fin en 2000 y 2011 la tuvo e incumplió su promesa. Ahora, le han bastado unas semanas para pactar cumplir lo que había incumplido a conciencia, lo que lleva a preguntarse: ese partido ¿tiene alguna idea coherente en esta materia?; estaba cantado que la investidura fracasaría, luego ese pacto ¿ha sido un mero gesto y pactó con la tranquilidad de que nada cambiará?; en todo caso ¿incluirá lo pactado en las próximas elecciones? y de ganar ¿lo cumplirá?

Tampoco faltan sorpresas entre las asociaciones judiciales que, unánimes, aplaudieron el pacto. Sólo la Asociación Profesional de la Magistratura lleva desde 1985 exigiendo volver a la elección del Consejo por los jueces. Jueces para la Democracia sostuvo siempre lo contrario, en consonancia con la izquierda, del mismo modo que nunca ha escondido su deseo de enterrar las oposiciones y Francisco de Vitoria –habrá que recordarlo– también aceptó en 1985 la reforma socialista y para desmemoriados extrañados añado otro recuerdo: que esa asociación nació bajo inspiración ministerial.

Al margen de lo que haya de coherencia en firmantes y aplaudidores, el pacto era positivo: habría enterrado un régimen de gobierno judicial que lleva años desprestigiando y desacreditando a la Justicia ante los ciudadanos. Habría sido positivo pero no «la» solución. Poco avanzaremos en términos de regeneración mientras los partidos –todos– conciban la Justicia como un servicio público gubernamental, ciñendo su independencia a la conciencia del juez, sin un pacto presupuestario ni un sistema de gobierno de lo que es un poder del Estado con unas capacidades propias, que no se niegan a ayuntamientos, órganos constitucionales o a otros poderes del Estado.