Pocas novedades

Hace unas semanas escribía acerca de qué dicen sobre la Justicia los programas electorales de los dos partidos emergentes, me centré en el gobierno judicial, el Consejo General del Poder Judicial. Quizá no sea lo más relevante, pero sí es el asunto que lleva a la percepción ciudadana las ideas de politización y pérdida de lo que es sustancial a la Justicia, la independencia. Comenté que Podemos no decía nada y que Ciudadanos hacía la oferta más rompedora: la desaparición del Consejo.

En cuanto a los dos grandes partidos, sus novedades en este punto son nulas: ambos están de acuerdo en que los partidos sigan eligiendo al Consejo. En el caso de los socialistas, es lógico: es el autor del actual sistema de elección partidaria. Más grave es que lo sostenga el Partido Popular, incumpliendo un expreso e inequívoco compromiso electoral mantenido desde 1985.Pero rectifico porque sí dicen algo: el Partido Popular oferta un «acuerdo de todas las fuerzas políticas que garantice la independencia del Consejo..., reforzando sus labores como gobierno de los jueces y buscando criterios objetivos para la elección de sus miembros»; y los socialistas ofertan «garantizar la independencia del Consejo».

Con todos mis respetos, esas propuestas son una burla y no merecen mayores comentarios. Casi prefiero el silencio de Podemos. Y la oferta rompedora de Ciudadanos choca con un obstáculo a prueba de dobleces: exige reformar la Constitución algo que, si es sincero, llevará a un pacto de gobernabilidad o de legislatura y, si no lo es, lo archivará como promesa irrealizable.

Fuera del Consejo apelan a tópicos: Justicia transparente, eficaz, ágil, de calidad, etc., o a la idea de que esto se arregla metiendo a más y más gente o la obsesión socialista por alterar el sistema de acceso a la Judicatura. Esto plantea si realmente, y en general, la Justicia interesa, y si el eterno tema del Consejo hay que darlo por finiquitado.En cuanto a esto último, yo no y la pretensión de algunos –sobre desde el mundo conservador– de que ese asunto ya no es problema y que hay que centrarse en los temas de eficacia, agilidad, papel cero, nuevas tecnologías, etc., más bien me parece un subterfugio para eludir y encubrir el incumplimiento de una promesa mantenida durante treinta años.

«En el anterior artículo hablaba de una pax política» respecto de la mutación del modelo constitucional de Justicia y el empeño de algunos de que sólo se hable de su funcionamiento, que es lo que interesa a los ciudadanos. No niego que eso interese a los ciudadanos, pero a muchos nos interesa todo: el modelo constitucional de Justicia y también su eficacia. Esa aceptación generalizada de la mutación constitucional se resume en pocas palabras: la Justicia pasa de poder del Estado a servicio público dependiente del Gobierno y de las comunidades autónomas, y los jueces a funcionarios decisores de un servicio de gestión y resolución de conflictos.

Ése es el modelo real y lo único que podría enderezarlo vendría de la mano de una reforma constitucional y las que se intuyen no van por ahí, ni siquiera en el sentido propugnado por Ciudadanos, sino de un nuevo modelo territorial de corte federalizante que supondría, sencillamente, multiplicar por diecisiete lo que ahora hay. Por lo tanto, nos guste o no, la Justicia está abocada a ser considerada como ese servicio público «administrativizado» homologado al sanitario, educativo o de extinción de incendios, pero con una peculiaridad: se valora a médicos, maestros y bomberos, pero no a los jueces, y es que la Justicia es difícil de entender y no es una baza electoralista.

Y desde la lógica de esa visión pregunto: vale, será un servicio público, pero ¿eficaz, bien financiado, bien regulado? Tengo mis dudas. Por ejemplo, aparte de que no se sabe qué se quiere hacer, ningún programa habla de reservar un porcentaje del presupuesto para la Justicia, sólo el Partido Socialista habla sin concreción de incorporar a las leyes de presupuestos una «dotación económica suficiente», y el Partido Popular, de una Estrategia Nacional de Justicia, «revival» del Pacto para la Reforma de la Justicia de 2001. Ideas muy etéreas para mejorar una materia poco atractiva, cargada de inercias e intereses creados.