Preguntas inesperadas, respuestas molestas

La crisis trajo desconfianza ciudadana, no tanto hacia las instituciones como hacia la clase política, con un divorcio entre ciudadanos y políticos. Los populismos lo han aprovechado y una pose tan querida por ellos es la predilección por lo que consideran democracia directa frente a la representativa. Para ellos, en democracia, el ciudadano tiene que hablar por sí, de ahí su tendencia a las consultas populares, aunque sean de baja intensidad, incluso para cuestiones de barrio.

Llevados de esa tendencia también preguntan los gobiernos y ahí salta la sorpresa. Un ejemplo bien reciente es Colombia. Todo el plan oficial de paz, se entiende que bienintencionado, ha chocado con un sentir popular contrario a lo que se ve como impunidad y rendición. Antes, en el Reino Unido, vimos como la opción, también oficial, por permanecer en la Unión Europea, se esfumó y una opinión mayoritaria favorable al Brexit arrastró al Gobierno preguntante, una opinión quizás más sentimental que racional; o, antes aun, los partidos escoceses independentistas vieron cómo el pueblo optó por seguir perteneciendo al Reino Unido.

Otro caso fue el proyecto de Constitución europea. Hubo referéndum y España votó a favor, aunque con una abstención abultada; pero en otros países quizás menos pastueños se rechazó, lo que llevó a abandonar esa iniciativa de la Europa oficial. En fin, por seguir con los ejemplos, el reciente caso de Hungría también es paradigmático: se habrá invalidado por la baja participación –menos del 50%–, pero entre los que votaron el 90% lo hizo en contra de las políticas comunitarias sobre inmigración.

En nuestra Constitución, el referéndum unas veces es obligatorio –por ejemplo, para la reforma constitucional, o para la aprobación de los estatutos de autonomía– y otras es una opción reservada para las grandes decisiones, pero en sí no es un conjuro que regenere el sistema político, por buena limpieza de fondos que necesite y por mucho que lo reclamen los populismos. Frente a estos, lo exigible es que, sin consultas, el político capte el sentir popular, pero quiere quedar bien preguntando –es aprendiz de populista– y su hipoacusia aguda de años se la juega cuando recibe respuestas que lo ponen en evidencia con un sentir popular distante del oficial. Esto convierte al referéndum en algo peligroso: preguntar da caché democrático, pero mejor no hacerlo si no se es capaz de informar bien al preguntado.

Pero ese divorcio queda en evidencia también en otros casos de participación ciudadana. Es el caso, por ejemplo, de la actitud hacia las iniciativas legislativas populares. Que no se acojan no significa necesariamente desprecio hacia los miles de ciudadanos promotores, sino una consecuencia del principio de la soberanía del parlamento que puede considerarla inconveniente. Aun así ese rechazo tiene que ser muy medido. Más grave es que, aceptada una iniciativa y aprobada como ley, se la quiera derogar. Es el caso de Valencia y el empeño de socialistas y radicales en derogar la ley de protección de la maternidad, fruto de la iniciativa popular: ahí el populismo entierra la voz del pueblo. Cosa distinta es que la ley surgida de una iniciativa popular sea declarada inconstitucional, como puede ser el caso de la prohibición de los toros en Cataluña, pero que el pueblo quiera una cosa no significa que su deseo sea el bien jurídico sin mezcla de mal, y en ese caso lo inconstitucional no es la prohibición taurina en sí, sino la incompetencia de las comunidades autónomas para hacerlo.

La experiencia demuestra que los teóricamente proclives a preguntar al ciudadano no lo son tanto si intuyen respuestas impertinentes, distantes de sus intereses. Así, al tiempo que se conocía al posible autor de los asesinatos y descuartizamientos de la familia de Pioz, los partidos de la oposición presentaban una proposición no de ley para derogar la prisión permanente revisable. Esos mismos partidos –algunos con tanta querencia por las consultas populares– ¿consultarían en referéndum esa derogación? ¿y la pena capital?; y puestos a preguntar sobre temas de toda la vida como el aborto, ¿preguntarán cuando se empeñen en legalizar la eutanasia? o ¿por qué no consultaron a los padres antes de aprobar las recientes leyes autonómicas que obligarán a educar en las bondades de la homosexualidad?