Salarios máximos: sangría de talento

Ante la moderación táctica de Podemos, otros partidos tratan de comerle el terreno de la disparatada radicalidad antieconómica. Éste es el caso de, por ejemplo, Izquierda Unida, que se ha desmarcado con la propuesta de establecer salarios máximos de 60.000 euros en España; es decir, prohibir que ningún trabajador cobre más de 60.000 euros anuales. Los miembros de la formación socialista están convencidos de que esta medida contribuirá a reducir las desigualdades e incluso a incrementar las rentas más bajas: si hay gente pobre, argumentan, es porque existe gente rica, de modo que acabar con la pobreza requiere de erradicar la riqueza.

Evidentemente, el argumento carece de cualquier fundamento. Según datos de la Agencia Tributaria, ahora mismo hay 600.000 personas que ingresan más de 60.000 euros anuales: sus profesiones más corrientes son las de directivos, profesionales o científicos en sectores como la industria manufacturera, las finanzas, los servicios de información y las comunicaciones. La fijación de un salario máximo de 60.000 euros llevaría a que buena parte del personal altamente cualificado se marchara de España: al cabo, si en el extranjero no existen tan absurdas limitaciones salariales, la competencia de las compañías foráneas terminaría fagocitándolos. Es decir, la propuesta de IU aceleraría la sangría de talento que padece nuestro país: en lugar de atraer a los mejores, los repeleríamos.

Siendo así, ¿acaso piensa la formación de izquierda que expulsando a los trabajadores más cualificados conseguiremos que los menos cualificados vean incrementadas sus remuneraciones? Pura ciencia ficción. Las empresas son equipos de trabajo donde todos dependen de todos: si un empleado deja de desarrollar su función y no es posible sustituirlo, parte de la actividad de esa compañía deja de ser viable. No se trata, pues, de que suprimiendo ciertos empleos la empresa vaya a seguir produciendo lo mismo pero con menores costes, de manera que habrá una misma tarta a repartir entre un menor número de personas: no, suprimiendo ciertos empleos la actividad de la empresa se desmorona, de forma que hay mucha menor tarta a repartir entre los que quedan.

Piensen en un equipo de fútbol al que se le prohíba fichar a superestrellas y que, como consecuencia, sufra un deterioro en su rendimiento: el club deja de situarse entre los primeros puestos de la Liga, pierde acceso a la Champions League, logra menos contratos publicitarios y apenas sigue habiendo televisiones interesadas en retransmitir sus partidos. ¿De verdad alguien se cree que ese equipo sin superestrellas sería capaz de abonar los mismos salarios que antes al resto de la plantilla? Claramente no: si el éxito conjunto del club se resiente por la ausencia de superestrellas, el resto del equipo también lo sufrirá.

Pues esa es justo la situación que se daría en una economía que siguiera el recetario mágico de IU: la fuga de talento arrastraría a España a especializarse en sectores con un valor añadido todavía inferior al actual, de manera que el conjunto de salarios descendería. Ese es el motivo por el cual las economías más avanzadas, incluso las socialdemócratas, se esfuerzan por atraer talento en lugar de expulsarlo. Por ejemplo, Dinamarca concede permisos de residencia exprés a los trabajadores con un salario superior a 50.000 euros. En nuestro país, por el contrario, IU pretende condenar al ostracismo exprés a quienes ganen esa cantidad. Ni siquiera entienden que, incluso desde una visión de izquierdas, si aspiras a redistribuir la riqueza, primero deberás permitir que se cree.

El dato

El Instituto Nacional de Estadística publicó la semana pasada los datos sobre la evolución de los salarios en el año 2014. De entre todas las cifras que recoge el INE, resulta particularmente interesante la comparativa entre el salario medio en grandes y pequeñas empresas. Al cabo, a nuestros políticos se les suele llenar la boca defendiendo las bondades de las pequeñas empresas, como si las grandes fueran una anomalía a erradicar del sistema. Sin embargo, el salario medio en las empresas con más de 250 trabajadores duplica el salario medio en las compañías con menos de 10 empleados. No sólo eso, desde 2010, las grandes empresas han incrementado los salarios medios un 6%, mientras que las microempresas lo han reducido un 2%. Si aspiramos a que los salarios medios aumenten en España, deberíamos olvidarnos de sobreproteger de manera artificial a las pymes: lo que necesitan las pequeñas y medianas empresas no son privilegios estatales, sino simplemente que el marco normativo no les impida crecer y evolucionar hasta convertirse en grandes empresas.

La amenaza

El PSOE de Pedro Sánchez ha aprobado una modificación de su programa electoral en la que se compromete a derogar «de inmediato» la reforma laboral elaborada por el Gobierno del Partido Popular en caso de ganar las próximas elecciones generales. En concreto, el PSOE pretende reforzar la negociación colectiva, elevar el salario mínimo y endurecer las condiciones de despido, esto es, los socialistas aspiran a regresar al marco laboral previo a 2011 bajo el cual se destruyeron 2,5 millones de puestos de trabajo. La economía española no necesita de un mercado laboral controlado por políticos, sindicatos y organizaciones patronales: al contrario, necesita de un mercado laboral mucho más libre y flexible que el actual. Si existe algún motivo para derogar la reforma laboral del PP, es para sustituirla por otra mucho más liberalizadora, no para dar marcha atrás y reimplantar un modelo de relaciones laborales absolutamente fallido que ha condenado a nuestro país a padecer una tasa de paro media del 18% en los últimos 35 años.

A costa del contribuyente

La última encuesta del CIS ha preguntado a los españoles por su visión sobre los impuestos y el gasto público y los resultados no pueden ser más llamativos. Pese a que la mayoría de españoles considera que los servicios públicos (sanidad, educación, pensiones, asistencia social...) exhiben una mala calidad y resultan demasiado caros en relación con los impuestos que estamos soportando, aun así se muestran partidarios de incrementar los impuestos para seguir aumentando el gasto público. Es decir, a pesar de estar profundamente insatisfechos con el Estado de Bienestar, los españoles reclaman más Estado de Bienestar. Este comportamiento, tan aparentemente incoherente, parece explicarse por que, según el CIS, la mayoría de ciudadanos se han creído la propaganda política de que aumentando los impuestos a los ricos podríamos multiplicar los ingresos del Estado. Tales estimaciones de recaudación no sólo son falaces, sino que sólo sirven para que la población acepte engañada una presión fiscal monstruosa a cambio de unos servicios públicos deficientes.