Secesión y nacionalismos

A veces ocurre que los medios de comunicación escritos entrecomillan palabras de uno como si eso hubiese sido dicho por ese uno. Eso es lo que me pasó el domingo con este mismo periódico, que tanto aprecio y valoro. Entrecomillaban en portada algo que no había dicho, como se podía comprobar dentro de la entrevista. Ni lo dije ni lo pensaba, ni se me ocurriría tal expresión, ni pasó por mi imaginación, ni a lo largo del diálogo con el periodista se me escapó involuntariamente. A quien le haya dañado o herido tal titular que me perdone, aunque no tenga ni arte ni parte en el tema ni responsabilidad alguna. Son cosas que pasan: se cuelan «diablillos». Pero lo que sí pienso, y así aparece en la larga entrevista que me hizo el gran periodista que me entrevistó, es reconocer que, en el caso de naciones constituidas democráticamente, no puede ser legítima moralmente hablando la secesión unilateral de una Nación a la que ha estado unida pacíficamente una comunidad con una identidad cultural y geográfica como parte constituyente e integrante de esa Nación. Y también que una consulta sobre una eventual autodeterminación debe hacerse a todos los afectados: no sólo a los ciudadanos del territorio correspondiente, sino también al resto para que tal consulta sea legítima. Esto lo hago y digo en comunión con mis hermanos Obispos españoles que, en el año 2002, aprobaron por casi unanimidad una Instrucción sobre la «valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias». Se me puede argumentar que la enseñanza de los Obispos estaba ceñida a la circunstancia de ETA y que por tanto aquello no sería válido hoy, que habría que matizarlo en otro contexto. Aparte del relativismo circunstancialista y de la moral de situación que tal posición podría reflejar, resulta por el contrario que los Obispos no mostraron su parecer guiados por tal circunstancia, sino que apelaron y se apoyaron en criterios válidos, objetivos y universales. Es lo que ellos, años antes, en su Instrucción «La Verdad os hará libres», enseñaron como necesario para un discernimiento y un juicio de valor en el terreno moral. Cito textualmente palabras de los Obispos: «Las naciones, en cuanto ámbitos culturales de desarrollo de las personas, están dotadas de una «soberanía» espiritual propia y, por tanto, que conforman su identidad (cf. RM 37). Esta «soberanía espiritual de las naciones puede expresarse también en la soberanía política, pero ésta no es una implicación necesaria. Cuando determinadas naciones o realidades nacionales se hallan vinculadas por lazos históricos, culturales y políticos a otras naciones dentro de un mismo Estado no puede decirse que dichas naciones gocen necesariamente de un derecho a la soberanía política. Las naciones, aisladamente consideradas, no gozan de un derecho absoluto a decidir. Esta concepción significaría, en el caso de las personas, un individualismo insolidario. De modo análogo, resulta moralmente inaceptable que las naciones pretendan unilateralmente una configuración política de la propia realidad y, en concreto, la reclamación de la independencia en virtud de su sola voluntad. La virtud política de solidaridad, o, si se quiere, de la caridad social, exige a los pueblos la atención al bien común de la comunidad cultural y política de la que forman parte. La Doctrina Social de la Iglesia reconoce un derecho real y originario a la autodeterminación política en el caso de una colonización o de una invasión injusta, pero no en el de la secesión. En consecuencia, no es moral cualquier modo de propugnar la independencia de cualquier grupo y la creación de un nuevo Estado, y en esto la Iglesia siente la obligación de pronunciarse ante los fieles cristianos y los hombres de buena voluntad. Cuando la voluntad de independencia se convierte en principio absoluto de la acción política y es impuesta a toda costa y por cualquier medio, es equiparable a una idolatría de la propia nación que pervierte gravemente el orden moral y la vida social» (nn. 28-29). Siguen, a continuación, los Obispos advirtiendo que «la opción nacionalista no puede ser absoluta» y remitiéndome a otro documento de los Obispos sobre «orientaciones morales ante la situación actual de España», de noviembre de 2006, en otro contexto más general y amplio que el de ETA y no condicionado por él, documento con el que me identifico enteramente. Dicen entre otras cosas los Obispos: «Esta unidad básica de los pueblos de España, a pesar de las vicisitudes sufridas a lo largo de la historia, ha buscado también, de distintas maneras su configuración política. Ninguna de las regiones actualmente existentes, más o menos diferentes hubiera sido posible tal como es ahora, sin esta antigua unidad espiritual y cultural de todos los pueblos de España. La unidad histórica y cultural de España puede ser manifestada y administrada de muy diferentes maneras. La Iglesia no tiene nada que decir acerca de las diversas fórmulas políticas posibles. Son los diferentes dirigentes políticos, y. en último término, los ciudadanos, mediante el ejercicio del voto, previa información completa, transparente y veraz, quienes tienen que elegir la forma concreta del ordenamiento jurídico político más conveniente. Ninguna fórmula política tiene carácter absoluto; ningún cambio tampoco podrá resolver automáticamente los problemas que puedan existir. En esta cuestión, la voz de la Iglesia se limita a recomendar a todos que piensen y actúen con la máxima responsabilidad y rectitud, respetando la verdad de los hechos y de la historia, considerando los bienes de la unidad y de la convivencia de siglos y guiándose por criterios de solidaridad y de respeto hacia el bien de los demás. En todo caso, habrá de ser respetada la voluntad de todos los ciudadanos afectados, de manera que las minorías no tengan que sufrir imposiciones o recortes de sus derechos, ni las diferencias puedan degenerar nunca en el desconocimiento de los derechos de nadie ni el desprecio de los muchos bienes que a todos nos enriquecen. La Iglesia reconoce, en principio, la legitimidad de las posiciones nacionalistas que, sin recurrir a la violencia, por métodos democráticos, pretendan modificar la unidad política de España. Pero enseña también que, en este caso, como en cualquier otro, las propuestas nacionalistas deben ser justificadas con referencia al bien común de toda la población directa o indirectamente afectada. Todos tenemos que hacernos las siguientes preguntas. Si la coexistencia cultural y política, largamente prolongada, ha producido un entramado de múltiples relaciones familiares, profesionales, intelectuales, económicas, religiosas y políticas de todo género, ¿qué razones actuales hay que justifiquen la ruptura de estos vínculos? Es un bien importante poder ser simultáneamente ciudadano, en igualdad de derechos, en cualquier territorio o ciudad del actual Estado español. ¿Sería justo reducir o suprimir estos bienes y derechos sin que pudiéramos opinar y expresarnos todos los afectados? Nos sirven de ayuda las palabras del papa Juan Pablo II a los Obispos italianos: «Es preciso superar decididamente las tendencias corporativas y los peligros de separatismo con una actitud honrada de amor hacia el bien de la propia nación y con comportamientos de solidaridad renovada por parte de todos. Hay que evitar los riesgos evidentes de manipulación de la verdad histórica y de la opinión pública en favor de particularismos o reivindicaciones ideológicas» (cf. nn. 70-76). Considero muy actuales y esclarecedoras las enseñanzas de los Obispos hace ahora once años tan solo, que comparto y suscribo.