Veto a la publicidad de servicios sexuales

El nuevo Plan de Lucha contra la Trata busca acordar con todas las CC AA una regulación que limite estos anuncios.

El nuevo Plan de Lucha contra la Trata busca acordar con todas las CC AA una regulación que limite estos anuncios.

Mañana se conocerán todos los detalles del nuevo plan de lucha contra la trata que ha elaborado el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad y que se aprobó el pasado viernes en Consejo de Ministros. Cuenta con cinco ejes principales que, en su mayoría, buscan dar continuidad al primer plan que se elaboró en 2009. Así, como ha podido saber LA RAZÓN, dentro de los objetivos del nuevo protocolo el Ejecutivo quiere trabajar conjuntamente con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para impulsar una regulación estatal que prohíba la difusión de publicidad en papel que ofrezca anuncios sexuales.

Lo cierto es que no es difícil encontrar en casi todas las ciudades de España «tarjetas de visita» en los parabrisas de los coches estacionados en los que aparecen mujeres prácticamente desnudas y que ofrecen servicios sexuales las 24 horas del día. Como denuncian desde hace varios años tanto la Policía como las asociaciones que trabajan codo con codo con ellos, detrás de estos ofrecimientos existen muchas situaciones de explotación sexual.

La realidad es que la medida que quiere impulsar el Plan que se acaba de aprobar no es nueva en muchos municipios de España. En varias localidades ya existen ordenanzas municipales que regulan la publicidad exterior, pero a pesar de ellas son pocas las que imponen sanciones. En Madrid, por ejemplo, existe una norma desde 2009. El pasado mes de marzo, antes de que Manuela Carmena se convirtiera en la alcaldesa de la capital, el Ayuntamiento multó a 18 prostíbulos de la zona norte de la capital tras la denuncia reiterada de un grupo de padres que, cada día encontraban este tipo de publicidad en las inmediaciones del colegio de sus hijos. A raíz de esta reclamación, los agentes de la zona de Tetuán localizaron estas 18 casas en las que se ejercía la prostitución en este área.

En el nuevo plan quieren hacer hincapié en la necesidad de restringir este tipo de acciones publicitarias y buscar un acuerdo con la FEMP, que justo este fin de semana ha cambiado su directiva. De esta forma se busca «actuar sobre la demanda», como resaltó el ministro Alonso en su intervención del pasado viernes. Al igual que hacía el protocolo anterior, pero que pocos medios han hecho caso, se busca dar un nuevo impulso a códigos de autorregulación de la Prensa para que, de una vez por todas, los anuncios de contactos desaparezcan de las páginas de los diarios. Sin embargo, fuentes policiales consultadas por este diario no son optimistas a este respecto: «Mueven mucho dinero», afirman y el motivo económico es el principal motivo por el que no dan el paso de retirarlos. Sólo LA RAZÓN y el desaparecido «Público» se comprometieron con ello y retiraron los anuncios de contactos. A pesar de todo, el Ministerio espera que los diarios reflexionen y no sólo traten con mayor delicadeza las informaciones relacionadas con la trata, sino que también se responsabilicen del papel que juegan en la lucha contra esta lacra.

Otra de las medidas que recoge este nuevo plan, y que ya se está realizando de acuerdo con el protocolo específico de la Policía y amparados en la nueva ley de seguridad ciudadana, es la sanción a los clientes. Hace una semana, en el polígono madrileño de Marconi, los agentes multaron a un centenar de clientes por «solicitar y disfrutar de servicios sexuales en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial». Las penas oscilan entre los 100 y los 30.000 euros. Ésta es una de las formas con las que el Ejecutivo busca desincentivar la demanda.

En lo que se refiere a las víctimas, gracias a la reciente aprobación del Estatuto de la Víctima también se busca evitar que las mujeres que han sido explotadas sexualmente tengan que revivir una y otra vez su drama. Una demanda que asociaciones como Apramp (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida) lleva años reclamando. Y es que iniciar una nueva vida y dejar atrás todo el sufrimiento no es viable si la Justicia solicita una nueva declaración años después de haber conseguido alejarse de la situación de explotación.

A lo largo de 2014, la Policía identificó a 192 mujeres que estaban siendo víctimas de explotación sexual y abrieron más de 1.200 expedientes a otras que también podrían estar siendo utilizadas por mafias. Y es que, sólo en España, el dinero que genera la trata «representa el 0,35 por ciento del PIB» de nuestro país, según indicó el ministro Alonso.