De fomentar la denuncia a colaborar con la Fiscalía

La comisión antipederastia podría copiar medidas de otras diócesis, como obligar a catequistas y sacerdotes a asistir a charlas formativas para evitar abusos

«Frente a la pederastia, tolerancia cero. Los obispos deben remover de su función sacerdotal a los sacerdotes que tienen esa enfermedad, e incluso acompañar la denuncia de los padres en los tribunales civiles». Con esta declaración que recogió el documental de Wim Wenders, el Papa Franciso establece una nueva era en la política antiabusos en el seno de la Iglesia. Bergoglio quiere abrir puertas y ventanas, así como endurecer las legislaciones contra esta lacra, una de las principales culpables de la pérdida de credibilidad de la Iglesia. Para ello, reunirá en febrero a los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo, un encuentro de carácter privado y sin precedentes que ha obligado a los obispos a analizar y estudiar la situación en cada uno de sus países.

Hasta ahora, el clero español tenía dos marcos de referencia: el Protocolo de Actuación de la Iglesia en España y el Protocolo de Actuación según la legislación civil, publicados en 2010. Pero en septiembre y con el objetivo de hacer los deberes de cara a la reunión convocada por Francisco, el Comite Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española acordó crear un grupo de trabajo para actualizar los protocolos antiabusos de 2010 con tal de hacerlos más efectivos. La comisión está dirigida por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, y la componen diez juristas de la propia Casa de la Iglesia, del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, de la Conferencia Española de Religiosos y del Servicio Jurídico Civil.

Si hace ocho años se establecía que cuando un caso de abuso era denunciado ante un obispo sin el previo conocimiento de las autoridades civiles, este «debía garantizar el respeto de los derechos del religioso denunciado, en especial el de presunción de inocencia; ofrecerle la ayuda que necesite; prohibirle todo contacto con la víctima e informarle de las medidas cautelares que se piensan adoptar sobre su persona», así como «invitar o aconsejar a los denunciantes a presentar ellos mismos la denuncia ante la Policía», ahora la nueva Comisión se plantea obligar al clero a poner en conocimiento ellos mismos los hechos ante la Fiscalía. «Hay que colaborar en todo aquello que sea requerido por la autoridad civil en justicia y en ley. Es decir, que cuando se tenga noticia de un caso reciente hay que comunicarlo y colaborar con la autoridad civil para esclarecer los hechos», explicó su presidente.

Esto es lo poco que ha trascendido de los trabajos de la nueva comisión. Fuentes eclesiales confirmaron que solo se han reunido una vez, pero no se ha dado a conocer ningún detalle del nuevo protocolo. No obstante, existen normativas mucho más recientes en otras diócesis que pueden dar una idea de lo que podría incluirse en el nuevo documento. En concreto la elaborada por la diócesis de Astorga en diciembre de 2017 –creada tras ser destapado un caso de abusos a cuatro menores por parte de un sacerdote en La Bañeza en los 90–, que además ha servido de boceto para las iglesias de Sigüenza y la de Burgos.

Tomando de guía el protocolo anti abusos de Guadalajara, que tiene una vigencia «ad experimentum» de cinco años (ya que el de Astorga no se puede consultar al no ser público), la nueva Comisión podría copiar medidas como «selección del personal implicado en la pastoral o la docencia con menores: seminaritas, catequistas, sacerdotes....». Estos tendrían la obligación de presentar un certificado negativo del Registro de Central de Delincuentes Sexuales y de participar en charlas impartidas por expertos sobre prevención de abusos.

Además de establecer unos indicadores para detectar posibles abusos, la Conferencia Episcopal podría implementar también unas directrices al estilo de las diseñadas por la diócesis de Guadalajara, tales como: «Las muestras de afecto no deben ser desproporcionadas; evitar quedarse a solas con el menor y nunca con la puerta cerrada; examinar a un menor herido en presencia de otro adulto; que en los despachos de sacerdotes haya cristaleras; no entrar en vestuarios; evitar tomar imágenes del niño y en el caso de que se tomen en el desarrollo de actividades, informar a los padres».