El Vaticano planta cara al informe «ideológico» de la ONU sobre los abusos

El Vaticano toma nota de las observaciones que le hizo ayer el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, pero denuncia la existencia de un plan preconfeccionado para atacar a la Iglesia católica detrás de las acusaciones. En su contundente informe, este organismo con sede en Ginebra dice que la Santa Sede no adoptó las medidas necesarias para evitar los abusos sexuales a menores, pide el cese inmediato a todos los eclesiásticos que hayan cometido estos delitos e invita a que se presente a los tribunales civiles toda la documentación relativa a estos casos para que los sospechosos sean juzgados.

El Comité también lamenta que durante años la Iglesia se limitara a cambiar de parroquia a los curas pedófilos y que les permitiera seguir en contacto con niños, algo que reconoció el propio Benedicto XVI, que fue quien impuso la línea de tolerancia cero frente a los abusos en la que luego ha ahondado Francisco. La labor de limpieza que hizo el Papa emérito es olvidada por los miembros del Comité, quienes sólo celebran los pasos adelante dados desde julio de 2013. El informe llega incluso a criticar la posición del Vaticano sobre la homosexualidad, los métodos anticonceptivos y el aborto, lo que explica que la Santa Sede respondiera con un comunicado en el que denuncia la «interferencia en las enseñanzas de la Iglesia católica sobre la dignidad de la persona humana», así como la violación «del ejercicio de la libertad religiosa».

Para el arzobispo italiano Silvano Maria Tomasi, representante vaticano ante los organismos de Naciones Unidas con sede en Ginebra, el texto estaba preconfeccionado y marcado por cuestiones ideológicas. A su juicio, detrás del varapalo a la Santa Sede está la presión que habrían realizado algunas organizaciones «con intereses en la homosexualidad y el matrimonio». «El aspecto negativo del documento es que parece que estuviera preparado antes del encuentro del Comité con la delegación de la Santa Sede» celebrado el 16 de enero, lamentó Tomasi en una entrevista con Radio Vaticana. «Falta una perspectiva correcta y actualizada». Ahora, explicó, la Santa Sede responderá a las críticas «con serenidad y basándose en evidencias» de manera que pueda así alcanzarse «el objetivo fundamental que se persigue, la protección de los niños».

El sociólogo turinés Massimo Introvigne, muy apreciado en el Vaticano y que coordina del Observatorio de la Libertad Religiosa, profundizó en la denuncia hecha por Tomasi al dar algunos datos sobre los 18 miembros del Comité. Varios de ellos habían sido nombrados por países cuyo respeto de los derechos humanos está lejos de ser aceptable, como Siria, Arabia Saudí o Sri Lanka. La figura de más peso del grupo es la peruana Susana Villarán, alcaldesa de Lima de ideología izquierdista y militante a favor del aborto y del matrimonio homosexual.

Villarán ha tenido numerosos enfrentamientos con la Iglesia peruana en general y, en particular, con el cardenal arzobispo de Lima, Juan Luiz Cipriani, por diversas cuestiones. Una de las más sonadas fue la propuesta de Villarán de obligar a los centros públicos y comerciales a que colocaran carteles en los que se dijera que estaban permitidas las «muestras físicas de afecto homosexual». Con anterioridad también fue criticada por su intención de crear una «zona rosa» en Lima en la que concentrar la prostitución.

Introvigne reconoce que, como hay dicho infinidad de veces Benedicto XVI y Francisco, la pedofilia entre los eclesiásticos es «un drama real que no debe esconderse y sobre el que hay que investigar». Pero también lamenta que el informe del Comité contraponga al Papa emérito con el actual Pontífice y no mencione que las medidas introducidas por aquél «han funcionado y pueden constituir un modelo para otras instituciones que tienen los mismos problemas de pedofilia y que son bastante menos vigorosas que la Santa Sede al enfrentarse a ellas».

Para el sociólogo, esta cuestión es utilizada como punto de partida para lanzar un ataque a la Iglesia católica repudiando «los documentos del Magisterio sobre la homosexualidad», pidiendo una modificación «urgente» de la doctrina sobre el aborto y criticando que no se garantice «el acceso a los métodos anticonceptivos» a los adolescentes.

El mejor ejemplo de la evolución que ha realizado la Iglesia católica en la gestión de los abusos sexuales a menores lo representa la congregación de los Legionarios de Cristo, cuyo fundador, el sacerdote mexicano Marcial Maciel, abusó de un buen número de seminaristas e incluso de sus propios hijos, que también los tuvo. En Roma, durante años, se miró hacia otro lado frente a este escándalo, pero con Benedicto XVI las cosas por fin comenzaron a cambiar. Estos días los Legionarios de Cristo celebran un capítulo general extraordinario en Roma del que debe salir un nuevo gobierno y unos nuevos estatutos, purificados del influjo de Maciel y comprometidos con la línea de tolerancia cero.