Pobreza
“Baño a mis hijos calentando ollas de 12 litros”
Fátima vive en un piso de la agencia de vivienda social de la Comunidad de Madrid y sufre pobreza energética. En España 4,6 millones de personas no pueden calentar su casa en invierno por el alto precio de la energía, los bajos salarios y la ineficiencia energética de los edificios.
Esta es la historia de una mujer que se ha resignado a pasar frío. Lo ha aceptado como una enfermedad crónica a la que es mejor no hacer demasiado caso para no caer en el desánimo. No puede hacer otra cosa. De momento.
Fátima no pone la calefacción. “Es inviable”, sostiene. En su nueva casa, a la que accedió hace una década gracias al IVIMA, la agencia de vivienda social de la Comunidad de Madrid , “se ha encendido exactamente en contadas ocasiones, coincidiendo con el nacimiento de mis hijos y poco más”. Tiene cuatro y ellos también han adoptado el frío como algo irremediable. Únicamente pueden desprenderse de él en el salón de la casa, donde está la estufa que funciona con butano. “Es la opción más económica, la bombona me sale aproximadamente a 17 euros y se cambia como máximo tres veces al mes”. En los días más gélidos, Fátima la enciende nada más despertarse, a las siete de la mañana “para que dé tiempo a que se caldeé la estancia antes de levantar a los niños”. Desayunan y se cambian de ropa pegados a la estufa. La vida del hogar transcurre en ese salón. Allí se cena, se estudia, se juega. “Las habitaciones solo las utilizamos para dormir”. Ella lo hace con sus dos hijos menores, “nos damos calor mutuo”. A los mayores “les pongo dos nórdicos y así dicen que no pasan frío”. El peor momento es sin duda cuando toca ducha porque desde verano la caldera no funciona. Inviable es también para esta madre llamar a un técnico por si pudiera repararse. Mucho menos cambiarla por una nueva. Así que se las apañan calentando ollas. "Tengo dos de 12 litros. A los pequeños los baño juntos, vierto una entera en la bañera y enseguida se meten y se enjabonan. Luego llevo otra para aclararles. Con Salma –su hija mayor- tardo más porque tiene el pelo largo y es mucho más alta”. “Ya nos hemos acostumbrado. Esta feo decirlo, pero en invierno en vez de ducharnos todos los días lo hacemos cuatro a la semana”, dice Fátima restándole importancia. Es la única forma de mantener la entereza.
El de esta familia forma parte de ese 10% de los hogares que sufre pobreza energética. En España, 4,6 millones de personas vive en unas condiciones inadecuadas de climatización, que deberían ser de entre 18 y 21 grados en invierno y de 25 en verano, según la Organización Mundial de la Salud. La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), especializada en este problema, resume en tres las causas más frecuentes: precios elevados de la energía, bajos ingresos y edificios poco eficientes. “Mi casa no está bien aislada, cuando hay viento se levanta la cortina de la ventana”. Fátima no se atreve a pedir al IVIMA que las refuerce, que dé un lavado de cara a sus viviendas mas antiguas y que ahora no cumplen con los requisitos de eficiencia energética.
Desde que se quedó en paro hace cinco años percibe 588 euros de la Renta Mínima y eso le da derecho a otra serie de subvenciones, como el comedor escolar de los niños o el bono social eléctrico, que le permiten tirar hacia delante. Fue Cáritas Madrid quien le ayudó a gestionarlo, “pero aun así no enciendo la calefacción, este mes me han venido 35 euros y es a lo que puedo hacer frente”, asegura. “No he vuelto a enchufar ningún aparto por si acaso”, añade. Todavía se acuerda de los 150 euros que tuvo que pagar de “cinco días que puse la calefacción un mes de mucho frio” y de los “190 cuando probé a sustituirla por unos radiadores eléctricos y que no justificaban el consumo que había hecho”. “sí que ahora ni una cosa ni la otra”.
Como Fátima, hay un millón de personas se benefician de este bono social que rebaja en un 25% la factura de la luz. Con la reforma de 2018, España ha mejorado las condiciones para acceder a él: entre otras medidas, se bajó el limite de ingresos y el coste lo pagan las empresas distribuidoras, cuando en el resto de los países de la Unión Europea lo asumen las arcas públicas. Juan Luis López, director de la ACA y especialista en energía, cambio climático y pobreza energética, aplaude esta reforma porque antes “no se tenía claro si su aplicación era justa o no ya que estaba sometida a criterios poco específicos”. Por ejemplo, el anterior solo tenía en cuenta el paro y ahora se estudia también la renta. “Puede darse el caso de que una persona, pese a estar trabajando viva en condiciones de vulnerabilidad por un bajo salario”, explica López . Antes de la reforma, también se aplicaba el bono a la gente que contrataba una baja potencia “pero esto también era injusto porque podría darse el caso de que fuera una segunda vivienda a la que no se le da mucho uso”.
Ahora, apunta el director de la ACA, se establecen criterios más específicos: número de personas en el hogar y si hay menores “pero ya no se da directamente a las familias numerosas porque, de hecho, son los hogares monoparentales los que suelen ser vulnerables”. También se establecen unas cuantías mínimas de renta en los pensionistas “porque antes se les daba directamente a los viudos y no tienen por qué ser todos vulnerables” y en la de los trabajadores con incapacidad permanente.
Pese a la valoración positiva, José Luis López reclama una simplificación del proceso de petición del bono eléctrico ya que “es un trámite muy complicado y no todo el mundo está preparado para hacerlo”, que “lo otorgue el Gobierno de forma automática” y que se establezca un “bono social único que agrupe a toda la energía, no solo la eléctrica”.
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