Fotografiar a gente que incumple las normas contra el coronavirus puede costarle cinco años de cárcel

Durante el comienzo de la pandemia de coronavirus, muchos fueron los usuarios de redes sociales que utilizaron éstas para denunciar cualquier conducta que consideraran incívica o susceptible de ser un delito, ya fuera por la vía de la salud pública o por desórdenes y actuaciones policiales. Ahora, día a día, vemos personas que a nuestro alrededor incumplen las más básicas reglas impuestas por Sanidad, como no mantener la distancia social mínima recomendada de más de 1,5 metros, no llevar mascarilla o llevarla sin tapar la nariz o bajada en el mentón; o en último caso no respetar las normas de aforo. Pero, ¿podemos hacerles fotos para denunciar sus infracciones?

Legalitas, grupo de abogados especializados en asesoría jurídica, explica que existen dos vertientes legales de hacer fotos a desonocidos, más allá de la situación actual de pandemia. Una es la civil, en los que los autores de las imágenes podrían ser demandados por violar el derecho a la intimidad y tendrían que abonar la indemnización correspondiente. La otra vertiente es la vía penal, por el que “la grabación o difusión de imágenes de terceros sin consentimiento estaría contemplada como delito de descubrimiento y revelación de secretos”. En ese caso podría conllevar incluso penas de cárcel. El lado contrapuesto es en el que se permite grabar imágenes siempre que detrás se encuentre “un interés legítimo” para actuar como denunciantes ante las autoridades y no para exposición deliberada en redes sociales.

Así que si usted se encuentra en la playa disfrutando de las vacaciones y observa que alguien incumple alguna norma sanitaria sobre la pandemia, piénselo dos veces antes de inmortalizarlo con una imagen, seguido de una denuncia pública a través de las redes sociales. “La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, así como el artículo 18 de la Constitución Española”, son las que avalan una posible reclamación civil por parte de la persona fotografiada, informan desde Legalitas.

Pero en derecho siempre hay que tener en cuenta, lo que los profesionales llaman “balanza de intereses” y si el material refleja una “infracción real” no debería suponer un problema para el que denuncia puesto que sirven para “colaborar para preservar el interés general y la salud pública”. Pero este supuesto es válido siempre que las imágenes o el vídeo acaben en manos de las autoridades y no cabe “ampararse en un interés legítimo” por subirlas sólo a las redes sociales. Sólo cabe que en ese caso no se identifique correctamente a las personas que aparecen, no existe entonces vulneración de derechos. La protección de datos prohíbe la publicaciones de imágenes o vídeos en redes sociales en virtud del “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016″.

Si el caso se juzga como que al hacer una foto a alguien sin mascarilla la hemos subido a las redes sociales para denunciarlo en vez de hacerlo directamente a las autoridades, estaremos, según el Código Penal descubriendo los secretos de otro o vulnerando su intimidad sin su consentimiento, y la pena al que “utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, según queda recogido en el artículo 197, dentro de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos”, es de uno a cuatro años de prisión y multa de 12 a 24 meses, con cuota diaria de 200 a 400 euros.

Según Legalitas si el fin de la conducta es difundir, revelar o ceder a terceros los datos o hechos descubiertos o imágenes hechas, “el culpable se enfrenta a una pena de prisión de dos a cinco años”. En el caso en que sean de uno las imágenes tomadas se debe siempre “en primer lugar, pedir que se retiren”. La Agencia Española de Protección de Datos será la encargada de tutelar esa supresión si no hubiese acuerdo entre las partes.