Alarma ante la falta de rastreadores: se entorpece la lucha contra los rebrotes

El repunte de los contagios de coronavirus en las últimas semanas ha hecho emerger una figura que resulta clave para la contención de la Covid-19: el rastreador. Se trata de un técnico, con formación sanitaria o no, cuya misión es localizar a los contactos de personas contagiadas para hacer un seguimiento de los mismos y tratar de frenar la expansión del virus. Pero su tarea se ve lastrada por la preocupante escasez de estos profesionales. Un ejemplo: la Comunidad de Madrid ha admitido que cuenta con un rastreador cada 47.000 habitantes, una cifra insignificante en comparación con los ratios admitidos internacionalmente, que asignan a cada uno de estos «vigilantes» del coronavirus una población máxima de entre 5.000 y 6.000 habitantes. Y todo ello en un escenario en el que el Gobierno y las distintas administraciones públicas se pasan unas a otras la «patata caliente» de quién debe financiar y formar a los rastreadores.

El llamado «Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia», aprobado el pasado 16 de julio en el Consejo Interterritorial de Salud, donde se sientan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, incluye un documento denominado «Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19» que deja claramente en manos de cada comunidad toda la responsabilidad sobre el control y seguimiento de los contactos. El documento señala que «cualquier persona que sea identificada como contacto estrecho (de un positivo en coronavirus) deberá ser informada y se iniciará una vigilancia activa o pasiva, siguiendo los protocolos establecidos en cada comunidad autónoma. Se recogerán los datos epidemiológicos básicos de la forma en que cada región haya establecido, así como los datos de identificación y contacto de todas las personas clasificadas como contactos».

Sin embargo, las comunidades autónomas se han visto pronto desbordadas por la alarmante escasez de rastreadores. Y aunque organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertaron hace ya meses de la necesidad de invertir en estos especialistas, España está aún muy lejos de disponer de la red necesaria. Según José J. Jiménez Moleón, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Granada, «el trabajo de los rastreadores es clave a la hora de contener la transmisión de la Covid-19». Y advierte que, aunque «hasta la fecha no se ha definido cuántos harían falta, se estima que el número ideal sería de uno por cada 5.000 a 6.000 habitantes». Eso significa que la Comunidad de Madrid, con 6,7 millones de habitantes, necesitaría contar con más de 1.300 rastreadores. Pero la realidad es que, según ha reconocido el consejero de Sanidad de la región, Enrique Ruiz Escudero, Madrid sólo dispone de un rastreador por cada 47.000 habitantes; o lo que es lo mismo: 143 especialistas en rastreo para toda la comunidad.

El caso de Cataluña también resulta paradigmático. Sólo tiene actualmente 180 rastreadores en activo, y la Generalitat tiene previsto incorporar otros 65 de manera inmediata. En cualquier caso, una cifra exigua para una comunidad que tiene 7,7 millones de habitantes y debería contar con unos 1.500 profesionales, a pesar de que Cataluña concentra, junto a Aragón, los principales focos de nuevos brotes: Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Lérida... En el otro extremo, la Comunidad Valenciana dispone de algo más de 1.000 rastreadores para casi 5 millones de habitantes. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha criticado a la Generalitat porque, en su opinión, «los seguimientos no se hacen bien» debido a la «falta de coordinación». Y ha llegado a ofrecer al Ejecutivo autonómico de Quim Torra el personal municipal que actualmente se dedica a la teleasistencia. «Los ayuntamientos estamos asumiendo más de lo que toca en estos últimos meses. Pero lo hacemos», se ha quejado Colau.

No es la única regidora que lo ha hecho. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, ha soliviantado a los alcaldes y alcaldesas socialistas de los grandes municipios del sur de la región (Leganés, Móstoles, Alcorcón y Fuenlabrada) con su propuesta de que los empleados municipales de esos ayuntamientos se conviertan voluntariamente en rastreadores. Todos esos primeros ediles han criticado con dureza la falta de información y coordinación del plan ideado por Díaz-Ayuso, por ejemplo en lo que se refiere a la financiación y formación de los rastreadores. Además, los expertos consultados coinciden en que los rastreadores «deben contar con una mínima formación para hacer su trabajo y estar supervisados por personal más experto, porque no todo el mundo sirve para rastrear: hay que saber cómo hacerlo y por dónde». Otros expertos, en cambio, abogan por formar a médicos y enfermeras de atención primaria por si fuera necesario recurrir a ellos ante una emergencia epidemiológica.

¿Qué hace un rastreador?

Su tarea fundamental es obtener información sobre los movimientos y contactos mantenidos en los últimos días por una persona que haya sido diagnosticada con coronavirus. Es decir, debe averiguar por dónde se ha movido, con quién ha estado y quiénes son sus contactos más estrechos, para evitar que el virus siga contagiando a más personas. A continuación, el rastreador llama a cada una de esas personas para informarles de que han estado en contacto estrecho con un positivo en Covid-19, y les pregunta si en los últimos días han experimentado tos, fiebre o dificultades para respirar. Todos ellos tienen que observar entonces una cuarentena de 14 días, y en caso de que alguno empiece a desarrollar síntomas se le envía a los servicios de atención primaria para iniciar un tratamiento. Pero nunca falta el irresponsable que rompe el aislamiento domiciliario, sin que haya establecidas sanciones para castigar esas actitudes negligentes. Con alguna excepción: la Región de Murcia multa con 100 euros a quienes se salten la cuarentena.

El Gobierno central, mientras tanto, parece mirar hacia otro lado y traspasa toda la responsabilidad de los rastreadores a las comunidades autónomas para que sean éstas las que atajen los más de 500 rebrotes actualmente activos en todo el país. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo el pasado viernes en la conferencia de presidentes autonómicos celebrada en La Rioja que «el número de rastreadores no debe ir por detrás de la cifra de contagios, sino siempre por delante». Y recordó a las comunidades presentes –todas menos Cataluña–que son ellas las que tienen la competencia de contratar más rastreadores, y que cuentan para ello con los 9.000 millones de euros del fondo especial para el Covid-19 que el Gobierno transfirió a las comunidades autónomas para cubrir «necesidades como ésta». Sin embargo, el Ejecutivo no se ha desentendido del todo. El Ministerio de Defensa ya ha empezado a formar rastreadores en las filas del Ejército para ayudar a las comunidades autónomas a detectar nuevos brotes de coronavirus, siempre que éstas lo soliciten.

Por su parte, el PP y las comunidades que gobierna el partido que lidera Pablo Casado echan en falta ahora un mayor papel protagonista del Gobierno central en el control y seguimiento de los rebrotes. El propio Casado ha acusado a Sánchez de «lavarse las manos» ante esta nueva realidad. Y la ex ministra de Sanidad y portavoz del PP en la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, Ana Pastor, ha dicho recientemente que «no se puede pasar de la alarma a no tener ningún control; del confinamiento absoluto a decirle a las autonomías ‘‘tú te lo guisas y tú te lo comes'‘». Esta actitud, al hilo de los nuevos brotes de Covid-19, contrasta con la forma en que Casado se opuso al estado de alarma en los tres últimos debates parlamentarios sobre la pandemia, cuando el PP exigió a Sánchez que fuesen las comunidades autónomas, y no el Gobierno central, las que tomasen las riendas de la situación. En las dos últimas prórrogas del estado de alarma los populares llegaron a votar en contra.