Castells deja el criterio para nombrar profesores en manos de cada autonomía

El ministro de Universidades, Manuel Castells, no logra adhesiones a su reforma de la Ley Orgánica de Universidades. Ya ha presentado tres borradores del anteproyecto de la LOU a los sindicatos y éstos consideran cada uno de ellos a cual peor. Y no sólo por que su reforma no acaba con la precariedad del profesorado, sino porque ahonda aún más en la descentralización del sistema universitario de tal manera que deja en manos de las comunidades autónomas los criterios para nombrar profesores.

Así, hasta ahora, los funcionarios catedráticos y profesores titulares de las universidades eran acreditados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Ahora. Pero Castells pretende abrir una vía paralela a la de estos cuerpos docentes de tal manera que habrá profesores que sean funcionarios, pero también los habrá que sean personal laboral con la reforma que pretende implantar. Y, además, da vía libre a las comunidades autónomas para que sus agencias evaluadoras establezcan los requisitos para que estos docentes puedan dar clase. Se da la circunstancia de que, más allá de la ANECA, sólo ocho autonomías tienen agencias que puedan hacer esta función, entre ellas Cataluña y País Vasco. De ahí que los sindicatos consideren que ésta sea una respuesta a la presión ejercida por estas autonomías, que han ido creando sus propias figuras universitarias al margen de las establecidas a nivel nacional y la norma lo que haría sería avalar lo que ya han implantado y ampliar nuevas posibilidades.

Según el responsable de CSIF de Universidades, Ramón Caballero, se da la circunstancia de que, además, «los criterios de acreditación de la ANECA y de las otras ocho agencias autonómicas no coinciden y, en algunos casos, son hasta opuestos».

Ayer, CSIF, CC OO y UGT, los sindicatos mayoritarios en el ámbito universitario, remitieron un comunicado conjunto de rechazo a la reforma de la LOU porque «no resuelve ninguno de los problemas que sufren las universidades públicas», después de mantener una reunión con el secretario general de Universidades. Una de sus principales preocupaciones es que no resuelve los problemas de precariedad del personal docente e investigador y, en especial, de los contratados doctores, ayudantes doctores y profesores asociados. Todo lo contrario, creen que quedan peor parados con el cambio.

Así, por ejemplo, el anteproyecto de ley elimina la posibilidad de ser seleccionado por concurso público a los profesores asociados (más de 33.000 actualmente), un sistema de selección en base a pruebas objetivas, con lo que, a juicio de CSIF, «favorecería los nombramientos a dedo y el amiguismo». También se complica la carrera académica y la promoción para los cerca de 4.500 ayudantes doctores.