“Es el fin del Sistema Nacional de Salud”

Los médicos arremeten contra el Gobierno en la primera jornada de huelga en protesta por «el decreto de la infamia». La norma instaura la movilización forzosa, acaba con la especialización y permite ejercer sin título homologado

Los 149.000 médicos del Sistema Nacional de Salud (SNS) estaban convocados ayer a una huelga. A las reivindicaciones que llevan años reclamando a los distintos ministros de Sanidad, como los escasos medios, el intrusismo, la temporalidad en el empleo, y los salarios escasos y dispares según se ejerza en una comunidad autónoma u otra, han añadido su oposición frontal al Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de septiembre, aprobado por el Gobierno para, según explicó en su día, dotar de forma urgente a la sanidad de 10.000 nuevos médicos.

La movilización, apoyada por el Foro de la Profesión Médica en su conjunto –compuesto por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España, la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina– busca luchar contra algunos de los puntos claves del Real Decreto, al que consideran una agresión a la seguridad de los pacientes y a la dignidad profesional. Para empezar, los miembros del Foro niegan la supuesta falta de médicos que «provocaría» esta norma urgente. En realidad, para este Foro, hay una escasa disponibilidad de sanitarios ante las malas condiciones laborales en las que ejercen en la Sanidad estos profesionales.

El decreto instaura la opción de la movilidad forzosa de los facultativos, no solo física sino también entre distintos niveles asistenciales, lo que abre la opción de que los pacientes sean atendidos por especialistas ajenos al área donde hayan sido destinados. Además, se atribuyen competencias que son exclusivas de los médicos de familia a los enfermeros hospitalarios.

Otro punto conflictivo es el de las homologaciones urgentes de médicos extranjeros por la pandemia para ejercer en España. Se critica esta actuación y desde la profesión médica se apuesta por otro tipo de soluciones como ofertar contratos a los graduados que no han obtenido plaza en el examen MIR, y a los 7.100 recién graduados en las facultades españolas, y que podrían desempeñar numerosas funciones dentro de los sistemas sanitarios, valorándose estos méritos para las próximas convocatorias.

Los médicos protagonizaron ayer concentraciones ante la entrada principal de los centros sanitarios y una especial ante el Congreso de los Diputados, en Madrid. El presidente de la CESM, Tomás Toranzo, declaraba allí a LA RAZÓN que «el Gobierno actual, además de no resolver los problemas estructurales de nuestra profesión, ha dictado un decreto que supone el fin del Sistema Nacional de Salud. Ya no hay garantías de disponer de especialistas, ahora podrán ejercer en España extranjeros sin su título homologado. Y se ha echado del sistema público a 10.000 médicos yéndose a la privada o al extranjero por las malas condiciones que sufren en España». Destaca Toranzo que aún falta material médico para enfrentarse a la segunda ola del coronavirus aunque no tanto como en marzo y abril. «De las denuncias ante los tribunales que pusimos entonces acabamos de ganar una en Valecia por la que personal sanitario de aquella comunidad tendrá que ser indemnizado».

También la CESM, en la persona de su secretario general, Gabriel del Pozo, fue la encargada de leer un manifiesto en el que señala que este «decreto de la infamia» ha conllevado la convocatoria de la huelga, «que no queríamos», pero advirtió de que «no van a parar hasta que el Gobierno» haga algo. Así, la huelga se repetirá todos los martes últimos de mes que no sean festivos. «No pensamos permitir ni a éste ni a ningún otro Gobierno desmantelar la sanidad pública». Para intentar evitar llegar a este paro los representantes del Foro habían acudido la semana pasada al Ministerio de Sanidad para pedir una reunión con el ministro, Salvador Illa, registrando la petición en todas las comunidades como muestra «de buena fe», pero no obtuvieron resultado.

Serafín Romero, presidente del Cgcom, avanzaba a este periódico que en próximo días presentarían una denuncia ante la Unión Europea por uno de los puntos más conflictivos del Decreto, la de poder ejercer una especialidad sin los años de estudio correspondientes, porque va en contra de la normativa europea. Romero acababa de reunirse con la presidenta del comité de Sanidad del Congreso, la popular Rosa Romero, como parte del Foro de la Profesión Médica, a la que han trasladado la necesidad de promover un profundo debate sobre recursos humanos en salud que genere un gran pacto o acuerdo por parte de las formaciones políticas para asegurar la calidad y seguridad asistencial.

En cuanto a seguimiento, la CESM señalaba ayer que había sido del 85% como media en toda España mientras que los departamentos de Sanidad de las distintas comunidades autónomas bajaban esa participación de forma notable.

La última huelga general de médicos de ámbito estatal se remonta a mayo de 1995, y también con el PSOE en el Gobierno. Duró entre el 9 de mayo y el 24 de junio, con Ángeles Amador como ministra de Sanidad. Tras muchos preacuerdos fallidos se llegó al entendimiento con la mediación de Fernando Abril Martorell, que en junio de 1990 había sido nombrado presidente de la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud, que generó el denominado Informe Abril para diseñar la reforma del sistema sanitario español.