Medio millón de dependientes severos quedan fuera de los prioritarios para vacunar contra la covid

Tras las personas mayores que viven en residencias, su personal sociosanitario y los sanitarios de primera línea, los siguientes en ser vacunados contra la Covid-19 deberían ser los grandes dependientes no institucionalizados. O al menos así lo contempla la estrategia de vacunación frente a la Covid del Ministerio de Sanidad. En ese grupo debería entrar José Antonio Quintanar. Pero está en tierra de nadie. Como las otras 32.000 personas con alto grado de dependencia no reconocida. Y que, previsiblemente, quedarán excluidas de esta primera etapa de inmunización.

José Antonio tiene 74 años y padece Alzhéimer desde hace tres. A lo que se suman las secuelas de un infarto cerebral que sufrió este verano. «No tiene paralizado el cuerpo, pero sí ha perdido el equilibrio. Su deterioro cognitivo también se ha agudizado y ya no puede salir solo. Ya lleva va con bastón y necesita ayuda para todo», asegura su mujer, Luisa García. Cuando se jubiló hace un par de años como auxiliar de enfermería de UCI proyectó una vida muy distinta a la que le ha tocado, pero se ha visto obligada a desempeñar de nuevo su profesión.

Aunque sin reconocimiento y sin remuneración. Está a la espera de la decisión del tribunal que tiene que valorar el grado de dependencia de su marido para poder contar con algo de ayuda, porque sabe que en unos meses la va a necesitar. «Estoy operada de rodilla, tengo una prótesis y ya no me veo capaz de poder sola con esto», reconoce Luisa. «Nos dijeron que la resolución llegaría en dos meses, pero la pandemia lo está ralentizado todo, sé que tardará más».

El problema es que si José Antonio no está reconocido como gran dependiente, no solo queda excluido de las ayudas. También del grupo prioritario de vacunación. Según la estrategia diseñada por Sanidad, en función de la disponibilidad de dosis, hay establecidas tres etapas. En la primera, y que durará previsiblemente hasta marzo, se han priorizado cuatro grupos de población: residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de mayores; personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario; otro personal sanitario y sociosanitario, como los dentistas; y personas consideradas como grandes dependientes (grado III) que no estén institucionalizadas.

A medida que empieza a concluir la inmunización de los tres primeros grupos, ya se empieza a pensar en el reto que supone la vacunación del siguiente: los grandes dependientes que no viven en residencias. Todavía no hay un calendario claro y se desconoce cómo será el proceso: si serán vacunados en sus domicilios y si se dotará de refuerzo a la atención primaria para tal cometido. «Nosotros somos los grandes olvidados, estamos en tierra de nadie». Critica Luisa que si su marido estuviera en una residencia ya le habrían puesto la vacuna, pero se encuentra en un limbo burocrático que no reconoce su situación. «Me temo que al no estar valorado, se va a quedar fuera de esta primera etapa de vacunación. Su médico no se ha puesto en contacto con nosotros, todo está ralentizado y desorganizado». Luisa y José Antonio solamente cuentan con el apoyo de la Fundación Alzheimer España, pero ellos tampoco saben nada de cómo será el proceso. Su presidenta, Micheline, Antoine Selmes, se pregunta: «¿Dónde están los protocolos que aseguran que nuestros enfermos están dentro de las prioridades absolutas para ser beneficiarios de las mismas? Una vez más, los que ya no pueden recordar son los grandes olvidados de los avances sociosanitarios».

Desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ponen precisamente en el foco la situación de personas como Jose Antonio. Han alertado de que 313.000 grandes dependientes que no viven en residencias están a la espera de la vacuna, pero que otros 32.000 quedarán excluidos al no estar valorados y no poder localizarlos. Las comunidades podrían tener sus propios planes para salvar este escollo sobre las personas en lista de espera, pero queda en manos de las estrategias que siga cada una. Además, se quejan de que otro medio millón de dependientes severos, aunque no lleguen al grado III, quedan excluidos de esta primera fase «y tienen una vulnerabilidad manifiesta».

¿ Y sus cuidadores?

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que es referente en el sector, hace una segunda denuncia: hay en España 134.000 cuidadoras de grandes dependientes que no son profesionales y que por ese motivo se quedan fuera de estos grupos prioritarios. Pero es que las auxiliares de ayuda a domicilio con certificación profesional tampoco tienen confianza de ser vacunadas a corto plazo. Rebeca del Pozo trabaja con Clece como auxiliar a la dependencia. Presta sus servicios a cinco usuarios y dice sentirse «muy desprotegida» por la Administración. «Me hago PCR cada poco, tomo todas las medidas posibles de precaución, pero tengo miedo, no ya por mí, si no de poder contagiar a las personas que cuido, son como mi familia». Reconoce que ha eliminado por completo su vida social para no exponerlos a ningún riesgo, ya que «son personas de una gran vulnerabilidad». Por eso no entiende «qué criterios se han seguido para la estrategia de vacunación». «Nosotras también estamos en primera línea, llevamos así desde marzo, y todavía no nos han comunicado nada, no sabemos cuándo nos pondrán la vacuna», asegura.