La libertad religiosa, cada vez más asfixiada

Unos 5.200 millones de personas viven en países donde tienen lugar graves violaciones a la libertad religiosa. O lo que es lo mismo, el 67% de la población mundial ve amenazado este derecho fundamental, según el Informe de Libertad Religiosa 2021 que cada año elabora Ayuda a la Iglesia Necesitada.

El estudio expone cómo en 62 países se viola sistemáticamente este derecho, en 36 de ellos se discrimina en la vida social o en el acceso al trabajo por ser creyente y 26 directamente se sufre una persecución manifiesta que puede acabar con la muerte. «La libertad religiosa es un derecho humano en caída libre», alerta Javier Menéndez Ros, director de esta fundación pontificia en España, que fija la mirada en el continente negro, donde el 42% de sus países serían farolillo rojo. Así, el estudio analiza el incremento de grupos yihadistas en el África subsahariana que unido a las guerrillas locales, convierten algunas regiones en un polvorín, siendo Burkina Faso y Mozambique exponentes de una inestabilidad que se acaba llevando por delante el hecho religioso.

Al contemplar el mapamundi se constata además que una conversión de un credo a otros puede generar graves consecuencias legales o sociales en el 21 por ciento de los países. Ayuda a la Iglesia Necesitada también advierte de cómo los delitos contra niñas y mujeres secuestradas, violadas y obligadas a cambiar de fe han aumentado en este último años.

«Todo esto muestra la impunidad que impera, porque nadie hace nada», subraya la editora jefe del informe, Marcela Szymanski, que denuncia cómo está en peligro «la diversidad de pensamiento, conciencia y religión». Un peligro que también se hace patente en las redes, convirtiéndose internet no solo en foco de amenazas religiosas, así como de reclutamiento de fanáticos, especialmente vinculados al yihadismo.

La pandemia tampoco ha jugado a favor. De hecho, las limitaciones provocadas por los continuados confinamientos ha generado que en algunas naciones haya servido como excusa para restringir este derecho. Por ejemplo, en Pakistán se utilizó como pretexto el riesgo de contagio para negar la ayuda humanitaria a las minorías religiosas y se estigmatizó a estas confesiones como causantes de la pandemia.

En este sentido, Menéndez Ros también se muestra preocupado por el interés del Gobierno de España por promover «un Estado laicista donde la religión se aparte del lugar público». Pone como ejemplo la tramitación de la llamada Ley Celaá, aprobada «sin consenso civil y sin contar con la comunidad educativa ni con la jerarquía de la Iglesia, quitando peso a la educación concertada y excluyendo la asignatura de religión del currículum académico». El presidente de la entidad advierte de que «diferentes señales de esta falta de pluralismo» que se presenta como «impropias de una democracia asentada como la española».