Aunque suele increíble hay gente que se compra un detector de metales (los hay por 100 euros) y se pasea por yacimientos arqueológicos abandonados o por zonas donde saben que puede haber algo para ir al «rebusque» y expoliar piezas que luego pueden revender en el mercado negro. En el argot del mundillo se les conoce como «piteros» (porque la máquina pita cuando detecta algo distinto en la orografía, no solo metal) y, aunque no se trata de grandes reliquias, pueden sacar bastante dinero. Muchos alegan después desconocimiento de la Ley de Patrimonio Histórico, que seguramente desconocemos muchos, pero desde el año 85 ya establece que es de «carácter demanial» todo lo que hay debajo del suelo. Es decir, que si usted se encuentra algo bajo tierra, sepa que pertenece al Estado. Es más, tiene entre 24 y 48 horas para avisar del hallazgo. Así, cuando usted compra alguna pieza de numismática o cualquier otra reliquia deben entregarle un certificado con la data de la pieza y su trazabilidad. Si no, puede que provenga del expolio.

«Esta ley se creó, en parte, porque en los años 80 y finales de los 70 se hicieron auténticos desmanes y se robaron muchas piezas de iglesias. Las más importantes acabaron en museos diocesanos y se dejaron réplicas en los templos originales como medida de seguridad porque hubo mucho saqueo y cualquiera podía decir que se lo había encontrado en no sé dónde». Lo explica Miguel Ángel Espada, uno de los responsables de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, que trabajan desde la UDEV Central de Policía Judicial. Les quedan un par de años para cumplir los 50 como Brigada y siguen luchando contra las redes de expoliadores; una cifra negra, reconoce, porque sólo conocen las que desmantelan pero no saben cuántas pueden estar operando.

«Es importante frenarles y detenerles, pero lo que más nos preocupa realmente es conservar el patrimonio histórico que poseemos porque es uno de los más ricos a nivel mundial: que las piezas no salgan de nuestro país por vías ilegales y que estén en las manos adecuadas». Para ello trabajan mano a mano con le Ministerio de Cultura, que expide una autorización específica al vendedor que quiera sacar una pieza de España y da el permiso de exportación.

De hecho, cada vez que desmantelan una de estas redes y decomisan el material, tienen que ponerlo en manos de expertos autorizados para que estudien la pieza y la devuelvan al lugar donde debería estar, que suele ser algún museo: es decir, que sea de dominio público.

Algo así ha ocurrido con tres matrimonios de Andalucía, que se dedicaban a hacerse con piezas de expoliadores para revenderlas por internet. Existen grupos de Facebook para gente que quiere comprar este tipo de objetos pero en esta ocasión, el cabecilla tenía una tienda online legal dedicada a la numismática, donde suelen acudir los coleccionistas de monedas. Sin embargo, algunas tenían hasta tierra, señal de que habían sido recogidas hace relativamente poco tiempo.

Lo que pasó fue que detectaron una venta que no tenía la autorización de Cultura y ahí empezaron a investigar.

La operación terminó con siete personas detenidas en Córdoba, Laén y Sevilla (donde estaba el cabecilla) como presuntos responsables de delitos de pertenencia a grupo criminal, contra el patrimonio histórico, blanqueo de capitales y contrabando, por la venta de objetos arqueológicos procedentes de expolio, la exportación de gran parte de ellos sin las autorizaciones de exportación oportunas y el blanqueo de los beneficios obtenidos por su venta.

Las investigaciones comenzaron en marzo de 2023, cuando los agentes comprobaron que la web (legal) de numismática tenía tienda en varios portales de venta online, donde se vendía gran cantidad de monedas de origen arqueológico. Muchas de éstas, como ya hemos dicho, con tierra adheridos, lo que indicaba el expolio relativamente reciente de algún yacimiento arqueológico. Estos hechos constituyen un delito contra el patrimonio histórico, recogido en el artículo 323 del Código Penal.

Las gestiones policiales permitieron identificar a los responsables de la empresa en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe, y revelaron que muchas de las ventas se habían realizado a personas residentes en otros países, como Estados Unidos, Australia y Japón, entre otros. Los ingresos obtenidos por estas transacciones superaban el medio millón de euros en los últimos cinco años.

Con el avance de la investigación, se identificó a otras cuatro personas que tenían estrecha relación con los responsables de la empresa numismática investigada. Todos tenían perfiles en distintas plataformas de venta online en las que ofrecían objetos arqueológicos en venta o subasta. Los agentes pudieron acreditar que los propietarios de la empresa investigada, que dirigían la actividad empresarial, se surtían de monedas y otros objetos arqueológicos de procedencia ilegal comprándolos directamente a expoliadores que los habían extraído con detectores de metales o en subastas en redes sociales y en plataformas de compraventa online. Posteriormente, todo el material obtenido era catalogado y clasificado, de modo que en la página web de su empresa se vendían los objetos de mayor valor, mientras que los de menor entidad se los enviaba a los investigados que se encontraban en la localidad jienense de Linares y en la cordobesa de Lucena, que los vendían en las distintas plataformas.

En la empresa, el titular se encargaba de mantener los contactos con los proveedores ilegales, seleccionar el material y decidir sobre el envío a los otros miembros del grupo, mientras que su mujer se ocupaba principalmente de la contabilidad y, en ocasiones, de llevar a cabo esos envíos. Contaban con una empleada que se encargaba de gestionar la página web, preparar y empaquetar las monedas y demás objetos y realizar los envíos.

Las otras dos parejas, residentes en Linares y Lucena, recibían los paquetes que les enviaba y ponían los objetos a la venta en diversos canales mediante subasta o de forma directa. También, por su parte, adquirían material arqueológico a expoliadores de la zona. En este sentido, se pudo acreditar que uno de ellos disponía de un detector de metales que usaba para obtener material arqueológico en los yacimientos que él mismo expoliaba.

Uno de esos paquetes fue interceptado en una empresa de mensajería unas horas antes de la realización de las entradas y registros domiciliarios. Había sido depositado por la empleada de la empresa de numismática y contenía 22 bolsas con cerca de 1.900 piezas de arqueología. Había monedas, puntas de flecha, fíbulas y hebillas, entre otros. Las piezas iban dispuestas en montones y con gran cantidad de tierra adherida, lo que alertó a las autoridades.