6.000 euros para estudiar en castellano en Cataluña

El Gobierno abonará a una familia de Barcelona el coste de un colegio privado.

«Vivir en Cataluña es vivir en territorio hostil por el simple hecho de querer que tu hijo sea educado en el colegio en castellano como lengua vehicular; es como si fueses un traidor a la causa independentista», explica Juan (nombre ficticio). No quiere que figure su nombre, ni el de sus hijos, ni el de la ciudad del área metropolitana de Barcelona en la que reside, ni que se sepa dónde trabaja para que nadie pueda identificarle... Quiere permanecer en el mayor de los anonimatos posible «por miedo a que mis hijos sufran las represalias», pero es la primera persona en Cataluña en conseguir que el Gobierno central le pague un colegio privado a su hijo de 6 años porque en ningún centro público de la localidad en la que reside se garantiza que su hijo estudie en una proporción razonable (el 25% de las clases) en castellano además de en catalán.

Cuando recibió la notificación del Ministerio de Educación en su domicilio, a principios de junio, aceptando su solicitud «me emocioné por que me he pasado un año entero de tramitación», pero lo cierto es que Juan «inaugura» la vía excepcional que creó el Ministerio de Educación previsto en el decreto que desarrolla la disposición adicional trigésimo octava de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Esta norma establece un trámite «exprés» para poder estudiar en castellano en las comunidades con lengua propia si no hay centros públicos en los que esto sea posible. Los padres adelantan el coste que luego les reembolsará el Ministerio de Educación al final del curso. El importe, a su vez, le será descontado a Cataluña por el Gobierno, o a la comunidad en cuestión, de los fondos de la financiación autonómica que le correspondan. El Gobierno no sólo tendrá que asumir los gastos de colegio, sino también otros ligados a éste, como el comedor escolar, o el coste de servicios complementarios, como el transporte o de internado, si fuera necesario.

Juan recibirá ahora los 6.010 euros que está estipulado que cuesta una plaza escolar en Cataluña, aunque él adelantó los 7.500 euros del colegio privado en el que su hijo ha estado estudiando el último curso. «Tuve que pedir ese dinero a mis padres porque nosotros no podíamos asumirlo, así que si la resolución hubiese sido desfavorable, mi hijo no podría continuar en el mismo centro el curso que viene. Esto es un gran obstáculo para los padres que deciden optar por esta vía». Las andanzas burocráticas de Juan comenzaron en septiembre de hace un año y hasta fue personalmente a Madrid para formalizar los trámites.

La primera sorpresa que se encontró fue que cuando solicitó plaza para su hijo en un colegio público, antes de recurrir al privado no existía en el formulario ninguna celda en la que indicar que querías que tu hijo, además de estudiar en catalán, también lo hiciese en castellano «en proporción razonable», como estipula la ley, lo que supone el 25% del horario escolar de las asignaturas troncales (lengua, matemáticas y ciencias). «La Generalitat denegó mi solicitud por silencio administrativo, porque no constestó en los tres meses que establece la norma. La inspección tuvo que verificar que no había ninguna plaza pública que garantizase lo que yo pedía para mi hijo y, cuando el Ministerio de Educación pidió explicaciones a la Generalitat, me indignó saber que alegara que no tenía constancia de que hubiese solicitado nada, cuando yo tenía mi papel sellado; también argumentó que en mi localidad existían dos centros públicos en los que se podía estudiar en castellano, pero más tarde la Inspección pudo comprobar que no era así».

Después de recorrer un largo camino burocrático, el hijo de Juan ha estudiado este curso en un privado en castellano, catalán e inglés y ya no será necesario que adelante el coste del curso de Primaria que empezará en septiembre próximo su hijo porque «cuando se reconoce un derecho no es necesario hacer una nueva solicitud y a partir de septiembre me deberían ingresar el coste del colegio mes a mes». Juan es de los que creen que «la educación es una cosa y la política es otra y mi deber como padre es conseguir que mis hijos adquieran el mayor grado de competencias posibles para que su desarrollo profesional sea lo más óptimo. No quiere que sus hijos se vean en situaciones como a las que ha asistido en alguna ocasión por motivos laborales: «Una vez vino a verme un subdirector comercial de una importante empresa afincada en Cataluña para presentarme unos servicios. A los pocos minutos me pidió que habláramos en catalán porque en castellano no se defendía bien. Es lamentable que siendo española y viviendo en España, una persona de 40 años no tenga recursos para mantener una conversación en castellano, y pienso que la situación va a ser peor para los jóvenes de ahora». Juan, que se trasladó a Cataluña por motivos laborales, comenta también entre indignado y horrorizado cómo en una ocasión fue a comer con su mujer y sus hijos a casa de un compañero de trabajo en el que éste «me pidió disculpas porque a lo mejor sus hijos pequeños no se entendían con los míos porque sólo hablaban catalán».