¿El agua que esquilma Matalascañas no alerta a la Unión Europea?

El Gobierno de España ha trazado una estrategia electoral para deteriorar a la Junta de Andalucía y la imagen de la figura más sólida en la actualidad del Partido Popular, Juanma Moreno. Para ello no le importa criminalizar al agricultor onubense, al que responsabiliza en exclusiva de secar el acuífero de Doñana. El argumentario ideado por responsables políticos socialistas está repleto de falsedades y titulares alarmantes destinados a confundir a la ciudadanía. Mensajes fraguados en la Comisión Europea por integrantes de la propia formación socialista como el hijo de Luis Planas –asesor de la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooijer–, encuentros programados con responsables de la UE a los que solo falta pedir que sancionen a España para sacar tajada política y, ayer mismo, la visita del propio Pedro Sánchez al Parque Nacional para señalar unidireccionalmente al sector de los frutos rojos. «La multa la vamos a tener que pagar todos los españoles», dijo.

Todo el discurso está construido en una mentira. La regularización del territorio no significa dar vía libre a que los dueños de 800 hectáreas usen el agua del acuífero de Doñana. Todo lo contrario. La proposición de ley que PP y Vox respaldan en el Parlamento andaluz supone «el inicio incluso del fin de la extracción de agua subterránea legal, sustituida por superficial», como afirma Julio Díaz, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. Esto quiere decir que el recurso hídrico utilizable llegaría de las infraestructuras que el propio Gobierno socialista se comprometió a ejecutar en 2018 y que hoy, cinco años después, son solo proyectos metidos en un cajón. Mientras tanto, sin estas obras, nada cambiaría porque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir mantiene cerrado el grifo por la sequía que padece el territorio.

El cumplimiento de la ley del trasvase supone la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos anuales desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Y un detalle para nada menor: ese trasvase permitiría que la playa de Matalascañas dejase de utilizar el agua de los acuíferos. Se calcula que el macrocomplejo turístico, cuya población en verano llega a superar los 160.000 habitantes, consume 2,75 hm3 al año y 2,2 de ellos salen de uno de estos acuíferos del Parque Nacional. Los recursos hídricos que requerirían las 800 hectáreas que el Gobierno andaluz pretende regularizar ascienden a 3,5 hm3 como máximo, con un matiz importante: sería agua en superficie en su totalidad y nada extraída del acuífero.

La playa de Matalascañas pertenece al término municipal de Almonte (25.000 habitantes según el censo de 2022), feudo histórico del PSOE-A que ahora gobierna en coalición con el grupo independiente «Mesa de Convergencia». Es un pueblo rico –en el contexto andaluz– que disfruta del turismo de playa, del acontecimiento mundial que supone la romería de El Rocío y, por supuesto, de la inyección que reportan las explotaciones de frutos rojos en el mismo cogollo de Doñana, frente a otros municipios de la Corona Norte que se hallan incluso a 30 o 40 kilómetros de la zona de protección del parque a los que pertenecen el grueso de los agricultores injustamente excluidos en 2014.

Durante décadas, ni gobiernos socialistas de la Junta ni del propio Ayuntamiento han hecho nada para atender las advertencias de los grupos ecologistas sobre la sobreexplotación de los acuíferos por parte de Matalascañas.

También es mentira que el Gobierno no haya concedido más concesiones. «En febrero de 2020 le dieron a un puñado de agricultores agua del acuífero y luego, el 24 de agosto, lo declararon sobreexplotado a sabiendas para que se salieran de la plataforma. A partir de ahí es cuando dice que no hay agua para todos y que se está engañando a la gente», recuerda el portavoz de la plataforma.

El Gobierno de Pedro Sánchez se niega a constituir la comisión técnica del trasvase. De hecho, la plataforma recuerda que otra opción es reutilizar los «40 hm3 ociosos en las depuradoras del entorno», aguas regeneradas que se puedan incluir en el sistema de riego. «Hay alternativas al agua del acuífero», dicen los agricultores, que insisten en que la Ley estipula que no se ampliarán los regadíos sino que se evaluarán uno a uno los casos de las explotaciones que se quedaron en 2014 fuera «por un error» (quieren pensar).