Alerta alimentaria: intervienen más de 1500 kilos de almejas no aptas para consumo humano

La Guardia Civil ha interceptado en la autovía A-2 a su paso por el municipio de Monreal de Ariza (Zaragoza) una furgoneta que transportaba 1.520 kilogramos de almejas japonesas no aptas para el consumo. Según informa el instituto armado, la acción de los agentes se saldó con la intervención del cargamento de almejas y la detención de los tres hombres que viajaban en la furgoneta, dos de nacionalidad italiana y otro portugués, por un presunto delito contra la salud pública.

La incautación se produjo al filo de la medianoche del pasado 12 de noviembre, al observar los miembros de una patrulla de tráfico de la Guardia Civil una furgoneta detenida en el arcén de la autovía y acercarse para comprobar si el conductor tenía algún tipo de problema que le impidiera continuar camino, informa Efe. Cuando se aproximaban al lugar, la furgoneta se incorporó de nuevo a la vía, por lo que decidieron detener el vehículo, en el que viajaban tres personas.

Tras realizar la inspección de la carga, los agentes localizaron multitud de sacas que contenían almejas vivas y que desprendían un fuerte olor. Este material era transportado en un vehículo no frigorífico, sobre unos palés bajo los que había algo de hielo, lo que evidenciaba que el transporte no se estaba llevando a cabo en las condiciones higiénico sanitarias establecidas.

Tras comunicar los ocupantes de la furgoneta que no disponían de la documentación pertinente para este tipo de transportes e informar de que viajaban desde Portugal con destino a Italia, los agentes los trasladaron a dependencias del cuerpo junto al vehículo intervenido. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil desplazados a la zona verificaron que el único documento que exhibieron los sospechosos no indicaba la trazabilidad del producto, transportado además sin las mínimas condiciones higiénicas, hecho constatado posteriormente por la inspección del Servicio de Salud Pública del Gobierno aragonés, que ordenó su destrucción al no ser apto para el consumo