El «Doctor Muerte» no entrará en prisión

Tras repetir su juicio, la Audiencia de Barcelona le condena a un año y medio por practicar 11 abortos ilegales en sus clínicas de Barcelona, de los 89 de que estaba acusado, y ha impuesto la misma pena a uno de los psiquiatras de su equipo médico.. Uno de los psiquiatras ha sido sentenciado a la misma pena. La Fiscalía pedía 300 años de cárcel para Carlos Morín y su esposa

Tras repetir su juicio, la Audiencia de Barcelona le condena a un año y medio por practicar 11 abortos ilegales en sus clínicas de Barcelona, de los 89 de que estaba acusado, y ha impuesto la misma pena a uno de los psiquiatras de su equipo médico.

Diez años después de que comenzara el procedimiento, con una sentencia inicial absolutoria y la repetición del juicio – lo ordenó así el Tribunal Supremo porque la Audiencia de Barcelona no aceptó en el primer juicio pruebas relevantes sin justificación– el más que controvertido doctor Carlos Morín ha sido condenado por 11 delitos de abortos ilegales a seis meses de cárcel por cada uno de ellos. En total, 72 meses de prisión, equivalente a seis años de cárcel. Sin embargo, no ingresará en ningún centro penitenciario toda vez que lo máximo de cumplimiento que prevé nuestra legislación es el triple de la pena mayor, que, en este caso, serían 18 meses, por lo que, al no tener antecedentes, la condena quedaría en suspenso. La misma pena se impone al psiquiatra Javier Ramón Mora. Los otros nueve acusados, entre ellos, la mujer de Morín, han sido absueltos. Por el tiempo transcurrido desde que comenzó la instrucción hasta que se ha dictado la sentencia, el tribunal les aplica la atenuante de dilación «extraordinaria» e indebida. La resolución final de este caso puede demorarse incluso aún más, ya que la sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La sección sexta de la Audiencia de Barcelona, en una sentencia de 115 folios, rechaza en primer lugar las alegaciones de los acusados respecto a que se hubiese reabierto el procedimiento, por entender que se ha producido, con la decisión del Supremo, una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías o el hecho de que se hubiese permitido visualizar el reportaje que realizó con cámara oculta una periodista de una televisión danesa. Esa última prueba, no obstante, no ha sido valorada por la Sala «por falta de fiabilidad», como tampoco la declaración de una testigo protegida, cuyo testimonio sí fue valorado de forma relevante por la jueza que comenzó la instrucción de este procedimiento.

En la resolución, se alude a 72 abortos que se practicaron en 2007 en las clínicas de Morín, la mayoría de los cuales, según las acusaciones, se llevaron a cabo sin ajustarse a la legalidad. Varias de esas mujeres eran menores de edad (algunas apenas tenían 15 años). Sin embargo, el tribunal, tras analizarlos, considera que sólo en 11 de esos casos no se respetó lo establecido legalmente sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

En relacion a Morín, el fallo deja bien claro que ejercía un «control exhaustivo» de las actividades de las dos clínicas de las que era director, «tomando todas las decisiones relativas a la organización del trabajo, la función y remuneración de cada uno de los empleados y profesionales que allí desempeñaban sus funciones y las acciones que integraban los métodos y protocolos que se aplicaban para la estación de servicios sanitarios, entre los que se encontraba la práctica de interrupciones voluntarias de embarazo». Ninguna decision «mínimamente trascedente», añade la sentencia, se tomaba sin aprobación, y, además, supervisaba la actividad de todos sus empleados.

Firman los que no operaban

Un dato relevante es el hecho de que ha constatado que en muchas de las historias clínicas intervenidas, como los informes médico-quirúrgicos, la hoja de control postoperatorio o la hoja de anestesia, «aparecen los nombres de determinados profesionales que, en realidad, no habían intervenido». Igualmente, en las historias clínicas referidas a supuestos en los que constaba una probable malformación fetal, se incorporó un informe genérico, denominado «dictamen en el tercer supuesto», sin diagnóstico concreto, con el sello de un psiquatra y con una firma ilegible, «sin que él mismo hubiera plasmado dicha firma, ni tampoco hubiera autorizado el uso del sello». Sin embargo, estos hechos, por sí mismos, no conducen a considerar que todos los abortos en los que se han comprobado esos extremos puedan considerase ilegales, aunque sí reconoce que es una práctica «censurable».

En cambio, se han constatado 11 interrupciones voluntarias del embarazo en las que las mujeres no se entrevistaron con ningún psiquiatra antes de entrar en el quirófano, ni cumplimentaron el obligatorio test que exige la ley. En todos esos casos, las abortos se practicaron en horas en las que no estaba en la clínica el psiquiatra Ramón Mora.

En toda esa actividad, Morín decidía, dado que era el «único y verdadero director, artífice y responsable intelectual de toda la actividad que se desarrolla en sus clínicas», todo lo relacionado con las interrupciones de las gestaciones. Así, dio instrucciones a sus empleados sobre lo que «se les debía preguntar» a las mujeres, las indicaciones que se les debía hacer e incluso «el precio de la intervención», que variaba en función «de las semanas de gestación y el tipo de intervención que requerían».

De esta forma, sabía en todo momento «en qué días y en qué horas estaba asegurada la presencia de un psiquiatra en cada una de las dos clínicas, y, por tanto, también sabía con certeza que existían determinados espacios temporales durante los que no era posible, de ninguna manera, que un psiquiatra pudiera confeccionar el dictamen exigido» mediante un procedimiento «mínimamente correcto o suficiente para reflejar el estado psíquico de la paciente, y así la presencia de un grave peligro para su salud psíquica». Por todo ello, se le considera autor de los 11 delitos de aborto ilegal, toda vez que sabía que con la actividad que había diseñado y organizado en sus clínicas «se van a cometer abortos sin cumplir con los requisitos» y sin contar con que la mujer pudiese ver afectada su salud psíquica.

En cuanto al psiquiatra Ramón Mora, la Sala le condena porque en esos 11 abortos es quien aparece como firmante en los impresos «que pretenden tener los efectos de un dictamen y que se ha considerado acreditado que son falsos o simulados». Morín y su esposa, para quienes la Fiscalía pedía cerca de 300 años de cárcel, fueron absueltos en 2013 por la Audiencia de Barcelona al entender que los abortos que practicó estaban amparados por los supuestos legales, pero el TS obligó a repetir el juicio al estimar un recurso de la Fiscalía.

Una trituradora industrial instalada en una de las clínicas

El ginecólogo peruano llegó a comprar hasta tres trituradoras, una de ellas industrial, para deshacerse de los abortos practicados, algunos de más de 30 semanas de gestación. Según quedó de manifiesto en el sumario, una de ellas estaba instalada en la Clínica TCB. Detrás de la mesa de recepción de las clientas había una puerta que escondía una pila de lavado y debajo de ésta estaba situado un triturador industrial. Morín llegó a declarar que no había comprado ninguna, sino que se la encontró instalada al adquirir el local. Según explicó un testigo protegido durante la instrucción, en los casos en los que abortos ilegales terminaban por la noche, se depositaban los fetos en el congelador y se trituraban al día siguiente para no molestar a los vecinos con el ruido de la máquina. El triturador tenía capacidad para 400 kilos y pesaba 95.

Las fechas clave

- 2003

Morín organiza un simposio en el se visionan 30 abortos en directo. E-Cristians trata de impedir el congreso, pero sin éxito.

- 2004

El diario británico «The Sunday Telegraph» publica un reportaje sobre las prácticas abortivas en las clínicas de Morín.

- 2006

La televisión pública danesa muestra, por cámara oculta, cómo el personal de las clínicas acepta practicar un aborto de ocho meses.

- 2007

Las clínicas abortistas del grupo Ginemedex suspenden su actividad. El día anterior, la Guardia Civil había detenido a siete médicos.

- 2012

Morín es imputado por fraude a Hacienda. Años antes, en 2008, un juzgado de Barcelona le investiga por blanqueo de capitales.

- 2013

La Audiencia de Barcelona absuelve a todos los imputados, pero el Supremo obliga a repetir el juicio a Morín por 89 abortos ilegales.

- 2016

Morín es condenado a un año y medio de cárcel por practicar 11 abortos ilegales, de los 89 de los que estaba acusado.