Bruselas obliga a las TDT españolas a devolver 260 millones de subvenciones

La Comisión Europea (CE) dijo hoy que los 260 millones de euros en ayudas que recibieron los operadores de televisión digital terrestre (TDT) en España son incompatibles con las normas comunitarias, por lo que tendrán que ser devueltas.

España concedió estas subvenciones para financiar la digitalización y la extensión de la red de TDT en zonas remotas del país, pero no notificó su decisión a la CE.

El Ejecutivo comunitario entiende que "la medida favorece a la tecnología digital terrestre en detrimento de otras"y que los operadores de plataformas terrestres "han recibido una ventaja selectiva con respecto a sus competidores", por lo que deberán reembolsarla al contribuyente español, según informó la CE en un comunicado.

España decidió en 2005 subvencionar la transición a la TDT en regiones remotas, que abarcan alrededor del 2,5 % de la población, y también incluyó ayudas para la explotación y el mantenimiento de la infraestructura.

La CE inició en 2010 una investigación sobre el caso después de recibir una denuncia de un operador de plataforma por satélite y constató que efectivamente la financiación pública se destinó en exclusiva a los operadores terrestres, mientras que otras plataformas de transmisión alternativas, como el satélite, el cable o internet, no pudieron acogerse a esas subvenciones.

Bruselas recuerda que en otros países de la UE también se ha subvencionado la conversión digital, pero con respeto al principio de neutralidad tecnológica.

En España, en cambio, se ha falseado indebidamente la competencia entre los operadores de TDT y operadores que utilicen otras tecnologías, asegura la Comisión.

"Los primeros han recibido una ventaja indebida en relación con sus competidores, por lo que deben reembolsar esas subvenciones improcedentes al contribuyente español", insiste.

La CE estudia en paralelo otros dos casos de digitalización en España.

El primero tiene que ver con el plan de transición a la televisión digital en Castilla-La Mancha, donde además de una posible discriminación tecnológica existen alegaciones de discriminación contra operadores de plataformas terrestres regionales y locales, y el segundo con las ayudas concedidas a radiodifusores por el cambio de ancho de banda.