Rafael Catalá
Catalá: «El CGPJ debería haber actuado contra el juez del voto particular de la Manada»
El ministro de Justicia considera de algunas de sus expresiones han indignado más a la sociedad que la propia sentencia.
El ministro de Justicia considera que el CGPJ debería haber actuado contra el magistrado y afirma que algunas de sus expresiones han indignado más a la sociedad que la propia sentencia.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este lunes que el Consejo General del Poder Judicial debería haber ejercido su "potestad disciplinaria"contra Santiago González, el magistrado que emitió en la sentencia de 'La Manada' un voto particular a favor de la absolución de los acusados.
En declaraciones a la cadena Cope, Catalá ha afirmado que el magistrado Ricardo Gonzalez, que emitió el voto particular pidiendo la absolución de los miembros de «La Manada», tiene un problema y el CGPJ deberá examinar si «está en plenas facultades para realizar su labor». En este sentido, el ministro de Justicia ha subrayado que el texto del magistrado incluye expresiones impropias de un voto particular.
Catalá ha matizado, durante su entrevista en «Herrera en COPE», que él no ha hablado de sanciones, «pero cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe».
El ministro ha rehusado explicar cuál es ese problema, aunque asegura que "todos lo saben"y que tiene "algunos expedientes ya abiertos". «En España tenemos 5.500 jueces magníficos y muy profesionales. Pero como en todas las corporaciones, hay algunas personas con dificultades. Si en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra conocían esta situación, debería haberse actuado preventivamente». Para Catalá, el voto particular y las expresiones empleadas durante los más de doscientos folios del magistrado son los detalles que han inflamado a la sociedad, más que la sentencia en sí.
Asimismo sobre las criticas al Gobierno por legislar en caliente, el ministro de Justicia ha subrayado que es partidario de que «las leyes se adapten a la realidad social y, por tanto, si hay un desajuste hay que cambiarlas». «Sobre este caso, ha añadido, la fina línea entre el prevalimiento, la violencia y la intimidación provoca resultados tan peculiares que seguramente es conveniente repasarlos. Pero no de forma precipitada ni desde un punto de vista populista. Los expertos en Derecho Penal van a tomarse su tiempo y los partidos decidiremos sobre sus conclusiones».
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