"Claro que en la educación española hay imposición"

Mesa redonda: «La imposición a través de la educación» La enseñanza sufre el adoctrinamiento político, sobre todo en comunidades como la catalana, la valenciana o la balear. Y este problema va más allá de los centros públicos.

Hay pocas cosas que se hayan cuestionado y generen tanta crispación en España como la educación. Si tenemos que preguntarnos por qué, la respuesta más evidente es que la enseñanza en nuestro país se ha vinculado muy directamente con algo que también provoca mucho debate y agitación, la política. Ésta ha aprovechado su poder para controlar la educación desde las instituciones e imponer su ideología, especialmente en ciertas comunidades autónomas. En busca de una solución, LA RAZÓN convocó el coloquio «La imposición a través de la educación. Escuela pública y escuela concertada», en el que participaron César Sánchez, presidente de la Diputación de Alicante; Gari Durán, doctora en Historia, representante de la Sociedad Civil Balear y vicepresidenta de la Fundación Jaume III; Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (Cofapa) y Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), tanto en el ámbito nacional como en el madrileño.

La politización de la educación es evidente desde hace décadas sobre todo en Cataluña y las Islas Baleares, y más recientemente en la Comunidad Valenciana. En esta última región, explicó Sánchez, «el gobierno autonómico, aparentemente una marca blanca y neutra, ha intentado implantar un pensamiento único (el nacionalista) a través de la educación y usando la lengua como herramienta para ello».

En el archipiélago balear, durante prácticamente toda la democracia el tema lingüístico ha ido unido al político, con un signo claramente catalanista. Ese lazo comienza en 1986 con la Ley de Normalización Lingüística, en la que se establece el catalán como lengua propia de las islas. Esa realidad estaba escondida para la mayoría de la ciudadanía, pero el desafío independentista la ha sacado a la luz. Por eso, Durán confesó que «paradójicamente, hay que dar las gracias al estallido del procés porque ha hecho que se conozca el problema de Baleares».

Desde las asociación vinculadas directamente a la enseñanza, como CECE y Cofapa piden que, como dijo Aguiló, «en el debate educativo no entre la política», que ésta no «influya en los niños, sus familias y los profesores», añadió Ladrón de Guevara. Ella, además, demandó que los políticos no pretendan reducir los modelos educativos a sólo uno, sino que exista «pluralidad para que los padres puedan elegir».

Imposición

Sin embargo, en el sistema de algunas comunidades existe una imposición del modelo, como aseguró Sánchez, sobre todo orientada al uso de la lengua. Sánchez afirmó que se demuestra en el decreto del plurilingüismo en la Comunidad Valenciana, que «de algún modo coacciona a las familias que quieran que sus hijos salgan del colegio con un título B1 de inglés, pues para eso tendrán que escoger la línea curricular en valenciano».

En el mismo sentido, admitió, la eliminación del concierto educativo (la anulación de financiación con fondos públicos a centros privados para aumentar el número de alumnos que puedan acceder a ellos) «obliga a que las familias sólo tengan una opción educativa», acudir a los centros públicos, controlados por el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), de carácter nacionalista.

Y de esa manera, el independentismo logra hacerse con el control del conjunto de la educación, no sólo la pública. Para Sánchez, con el objetivo de evitarlo, «el Estado debe intentar que el nacionalismo no esté en la educación».

Esa es sólo una de las soluciones que se pueden llevar a cabo. Para Ladrón de Guevara se debería «favorecer que haya otros sindicatos con líneas ideológicas diferentes». Porque en lugar de imponer una vertiente, se debería proponer distintas opciones. Es decir, añadió, se debe «sustituir los “o” por los “y”, para que de verdad exista pluralismo». Además, cree que la ciudadanía debe tomar un papel activo, participar y alzar la voz. En palabras de la representante de Sociedad Civil Balear: «es necesario que la sociedad civil intervenga y se ofrezca como instrumento para que el imperio del adoctrinamiento no alcance el éxito».

Mientras, César Sánchezcree que la solución debe partir desde los propios administradores: «Es imposible solucionar este problema sin tensión y soluciones políticas. Si pensamos que con la razón y la teoría vamos a cambiar las cosas, fracasaremos».

Por su parte, Aguiló abogó por fomentar el «sentido crítico y capacidad de análisis. Porque en estos tiempos es más fácil comunicarse, viajar... pero también ser manipulado. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo para impregnarnos de las opiniones distintas a la nuestra para crearnos una personalidad propia».

Claro que en un sistema impositivo resulta tremendamente complicado que un alumno pueda desarrollar ese espíritu crítico. Los libros de texto, lleno de manipulaciones, sobre todo los de Historia, desarrollan en la mente de los estudiantes una línea de opinión muy clara desde jóvenes. Durán manifestó que «el adoctrinamiento burdo es combatible (porque la gente lo advierte más fácilmente), el problema es luchar contra el que sutil porque crea en el ciudadano un esquema mental y, después, no se necesitan ideas muy elaboradas para convencerle de algo».

El adoctrinamiento lo crean las administraciones públicas y los políticos que las manejas. Por eso, alejar a los políticos de la educación parece fundamental, aunque César Sánchez recalcó que «sin hacer política no se puede sacar a la política de la educación». Es necesario que los gobernantes discutan con cierta tensión sobre cuál es el camino correcto, y que ese debate llegue a la sociedad para que se convenza de los perjuicios que causa la imposición en la educación y, también, que conozca que hay soluciones.

Público/Concertado

Como se ha dicho, una de las imposiciones que ha experimentado recientemente la Comunidad Valenciana ha sido la eliminación del concierto público. El objetivo es reducir la cantidad de centros concertados, que siempre se han visto como algo más cercano a la enseñanza privada. Sin embargo, César Sánchez destacó que «la educación concertada es pública y resulta un instrumento de libertad», pues abre el abanico de centros y caminos curriculares disponibles.

Pero Alfonso Aguiló quiso subraya que «quizá no sea adecuado decir que la concertada es pública porque parece que dices que está sometida al poder público (y puede acabar en adoctrinamiento). Creo que es mejor precisar que está sostenida por fondos públicos». Igualmente, cree el propio funcionamiento de nuestra sociedad demuestra que es totalmente legítimo que la enseñanza puede resultar de una colaboración público-privada: «El espacio público en una sociedad democrática no tiene por qué ser gestionado exclusivamente por una administración pública». Y puso el ejemplo de los propios partidos políticos, que ocupan espacios públicos, como el Congreso o el Senado, pero son organizaciones privadas; y lo mismo sucede con los sindicatos.

El debate de la existencia de la educación concertada se ha enquistado en los últimos años en la sociedad. Mientras el sistema público sufría grandes recortes, los medios descendían y había menos profesores para más alumnos, los ciudadanos percibieron que en esa situación se debía eliminar la financiación pública para las escuelas gestionadas por entes privados.

Sin embargo, la sociedad desconoce ciertas realidades escondidas en torno a la educación que podrían cambiar su opinión, como la que sentenció Durán: «Se detecta un perpetuo chantaje a la concertada por parte de determinados gobiernos. Estas administraciones hacen que la concertación de los centros dependa de que se adhieran o no a determinada línea educativa. Ocurrió con la asignatura de Educación para la ciudadanía. Las escuelas católicas (en algunas comunidades la mayoría de las concertadas lo son) eran beligerantes y luego dejaron de serlo».