Uteca denuncia una «inseguridad jurídica sin precedentes»

El Gobierno dio ayer luz verde a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo el reparto de canales de la TDT, una decisión con lo que la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) ha mostrado «su más absoluta disconformidad y malestar». La junta directiva ha querido «expresar unánimemente su honda preocupación por las indeseables consecuencias de esta decisión promovida por el Ministerio de Industria, que será oportunamente impugnada, y también su firme rechazo y malestar por la forma en que ha sido ejecutada y comunicada». Según Uteca, la decisión coloca a los operadores de televisión y a todo el sector audiovisual, «en una situación de inseguridad jurídica sin precedentes, que afecta de lleno a nuestra credibilidad como país». La asociación asegura que desde la sentencia del Tribunal Supremo, «los organismos competentes del Ministerio de Industria han venido comunicando a Uteca la confianza de que se iba a subsanar el problema suscitado por los errores y carencias del funcionamiento de la propia Administración. Esas comunicaciones, junto con la sencillez de las distintas soluciones que ofrece nuestro ordenamiento jurídico para enmendar los errores destacados por el Tribunal Supremo, motivaron que los asociados de Uteca confiaran en que las citadas soluciones iban a aplicarse en el corto plazo. No se puede, por todo ello, entender que, habiendo transcurrido tres meses desde el conocimiento de la sentencia, se haya acordado su ejecución de forma sorpresiva y abiertamente contradictoria con los mensajes previamente transmitidos», afirman. Uteca destaca que la decisión pone en duda la continuidad de canales «que están actualmente a disposición del ciudadano de forma gratuita, y en cuya puesta en marcha y desarrollo los operadores han invertido cantidades muy significativas». Los operadores recuerdan «las grandes inversiones que fueron necesarias para el buen fin del acelerado proceso de transición a la televisión digital terrestre. Inversiones que estaban exigidas por la normativa y amparadas por los compromisos asumidos por el Gobierno desde el año 2005; compromisos que ahora pretenden ser obviados», afirman. Asimismo, recuerdan que la decisión no sólo afecta a un sector «que ha perdido el 50% de su mercado en los últimos cinco años», sino que pone en «serio peligro el desarrollo de servicios de alto valor añadido para aquellos ciudadanos que cuenten con menores opciones de oferta televisiva, y lo hace tan solo tres años después de que éstos hayan asumido el coste de adaptación de sus hogares a la recepción de la TDT».