Con discapacidad, pero muy capaces

«Calificativos como paralítico, impedido, inválido, inútil, deficiente, minusválido o subnormal se usaban indiscriminadamente. (...) La metamorfosis de la que he sido testigo desde que soy parapléjico ha sido rocambolesca». Éste es uno de los párrafos del libro «Perdonen que no me levante», que ha publicado el diputado popular Francisco Vañó, y en el que relata, en tono de humor, su realidad, la de una persona que lleva más de 40 años viviendo en una silla de ruedas. La evolución que se ha producido en materia de discapacidad no sólo se refleja en el lenguaje; la legislación también ha tenido que adaptarse y darle a la persona con discapacidad el papel que merece. Con este espíritu ha nacido la Ley General de Discapacidad, que ayer aprobó el Consejo de Ministros y que, además de refundir las tres normas vigentes en España en esta materia, busca dar un paso más y reconocer que las personas con discapacidad «son ciudadanos libres y titulares de derechos», dejando atrás «concepto asistencial de décadas pasadas», aseguró ayer Ignacio Tremiño, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. El propio Tremiño, en un encuentro con periodistas se ha puesto de ejemplo para mostrar cómo, durante las últimas décadas, el concepto de discapacidad ha cambiado: «Sufrí un accidente en 1994 y en el Hospital de Parapléjicos de Toledo me dieron el certificado de discapacidad poco después de ingresar. En ningún momento se resaltaron las capacidades y habilidades que, a pesar de no poder andar, tengo. Ahora se está produciendo un cambio de mentalidad y en los propios hospitales te preparan para incorporarte en el mundo laboral».

La norma que esperan entre en vigor el próximo 3 de diciembre (Día Nacional de la Discapacidad) incluye el cambio en el modelo de certificado para que no sólo se indique el grado de minusvalía, sino que también figuren las habilidades y capacidades que tiene, porque «nadie vale para todo y siempre hay un roto para un descosido», afirma a este diario Vañó. «Es importante poner en valor las posibilidades de cada uno, y podríamos decir, por ejemplo, que la mayoría tenemos una discapacidad para ser premio Nobel». Tanto el diputado como Tremiño coinciden en la misma idea –«Nos conocemos hace mucho», bromea el diputado–: «Debemos abandonar la beneficencia con la que se percibía la discapacidad hace varias décadas y ofrecer derechos», apunta el representante del PP en la Comisión de Discapacidad del Congreso. «Es la sociedad la que nos impone la discapacidad», añade.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que aprobó Naciones Unidas en 2006, España lo ratificó dos años más tarde y el nuevo texto lo que busca es seguir las directrices de este convenio para unificar todas las normas que se han promulgado en nuestro país –la conocida como Lismi de 1982, la Liondau de 2003 y la que regula el régimen de sanciones e infracciones de 2007–, para ello, y por primera vez dentro del ámbito de la discapacidad, «hemos elaborado la unificación de la mano de las personas con discapacidad», sostiene Tremiño, ya que técnicos de las organizaciones más representativas como Cermi y Feaps han participado en la elaboración del escrito. «Este decreto supone un avance y camina hacia una legislación más segura», comenta el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que engloba tanto a personas sordas, ciegas, como con problemas físicos y mentales. Y es que el texto que se aprobó ayer incluye un título dedicado a los derechos de las más de cuatro millones de personas con discapacidad que viven en nuestro país. Otra de las novedades que introduce la norma es que, en materia de empleo, se determina tres tipos: el ordinario, el protegido que se da en centros especiales y el trabajo autónomo. Sorprende que, a pesar de los malos datos de desempleo del país, «en el primer semestre de 2013 el empleo autónomo de los discapacitados aumentara un 9,2%», explican desde Sanidad. Raquel Cárcamo tiene 25 años tiene una discapacidad psíquica, pero eso no le ha impedido montar una cooperativa junto a otras tres personas: «Ofrecemos cursos para futuros formadores en derecho de discapacidad. Nos llaman de cualquier punto de España y nos desplazamos», explica la joven. Reconoce que ha cumplido su sueño porque «siempre me ha gustado ser profesora», pero no olvida los problemas que ha tenido que superar: «Estudié en un colegio ordinario y es difícil relacionarse con los compañeros, pero lo peor fue cuando empecé a estudiar FP para ser administrativa. No me dieron ningún apoyo y lo tuve que dejar».

Para evitar problemas de exclusión como los que pudo sufrir Raquel, la ley que se aprobó ayer también define cuatro tipos de discriminación: directa, indirecta –cuando existe una cláusula aparentemente neutra–, por acoso o por asociación. La última se da cuando, por ejemplo, se segrega a un trabajador al que no se le da un permiso para atender a un familiar con discapacidad. Asimismo, se protege especialmente a los menores y mujeres.