La escena podría parecer irónica si no fuera desesperante: José Antonio invirtió 180.000 euros en una vivienda que, a día de hoy, solo ha podido mirar desde la acera. En lugar de un nuevo hogar, compró un proceso judicial que ya dura más de cuatro años. Todo comenzó cuando adquirió una casa en Santa Susanna, Barcelona, que resultó estar okupada. Desde entonces, ni él ni su familia han podido habitarla. De hecho, ni siquiera se han atrevido a cruzar la valla que la rodea.

Este caso, revelado por el programa “Los Canarios”, pone el foco sobre una práctica cada vez más extendida en España: la compraventa de inmuebles ocupados. Plataformas de compraventa anuncian estas propiedades como “viviendas con ocupantes”, advirtiendo que será el comprador quien deba afrontar el desalojo. A cambio, se ofrece un precio de mercado considerablemente más bajo. La letra pequeña, sin embargo, es tan real como peligrosa.

Una casa con okupas y sin paredes

Lo que en principio parecía una ganga, pronto se convirtió en una pesadilla. “Esta vivienda la empezó a construir mi mujer con su expareja. Había una operación hipotecaria en el medio, y fue entonces cuando se enteró de que estaba okupada”, explicó José Antonio al programa. Aunque la vivienda estaba aún en obras, la ocupante se instaló en ella como si fuera suya: ropa tendida, pertenencias repartidas y hasta un perro en el jardín. Todo a la vista, tras la valla.

“La idea cuando la compré era hacer el traslado de muebles, y aunque no estuviera habitable, dejarlos aquí”, recuerda. Pero ese plan nunca llegó a realizarse.

Cuatro años de espera, alquiler y trastero

Mientras el proceso judicial para recuperar su propiedad avanza a paso lento, José Antonio se ha visto obligado a pagar un alquiler en otra vivienda y un trastero donde guarda sus cosas. “Hemos estado pagando un alquiler extra con todo esto. Pensaba que sería más corto todo”, lamenta.

El desgaste emocional también ha sido considerable: “Ni siquiera puedo acercarme a la valla. Cuando lo intento, si hay alguien dentro, me increpan, me dicen que qué hago ahí, que esa no es mi casa”.

Un fenómeno en crecimiento y sin solución rápida

El caso de José Antonio no es aislado. En los últimos años se ha disparado el número de viviendas ofertadas con okupas dentro, muchas veces promocionadas como una “oportunidad de inversión”. La promesa de rentabilidad rápida choca con la realidad de procesos judiciales lentos, inseguridad jurídica y, en muchos casos, situaciones personales límite.

Para muchos propietarios, el sueño de una vivienda propia se convierte en una odisea legal y económica sin fecha de caducidad. Y lo que se presenta como un “precio rebajado” puede acabar costando mucho más, tanto en dinero como en tranquilidad.

“No hay respaldo real para los propietarios”

Casos como el de José Antonio evidencian el vacío de protección para quienes compran viviendas en esta situación. Aunque las autoridades insisten en que existen mecanismos legales para actuar contra las ocupaciones ilegales, la práctica demuestra que los tiempos judiciales y la burocracia no siempre juegan a favor del propietario legítimo.