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Desalojo

El PP dice basta: "Nosotros no vamos a poner abogados a los okupas pagados por el Gobierno”

El consejero de Vivienda de Cantabria, Roberto Media, fue contundente: “Hay 50.000 viviendas que no se ponen en alquiler”

5 detenidos y 4 ertzainas heridos en los altercados por el desalojo de un edificio okupado LUIS TEJIDOEFE

Los casos de okupas se siguen sucediendo y afectan a todos los estamentos de la sociedad. El problema lo sufre un propietario en una urbanización de lujo en Altea, Alicante, que fue amenazado por un exconvicto rusobuscado por la Interpol que lleva diez años en inmueble y pide 70.000 euros para abandonarlo: "Ha estado en varias cárceles de Europa", pero también una anciana de 83 años en el piso que heredó de su madre. La mujer es chantajeada por su inquiokupa: "Fue al juzgado y dijo que se había cortado las venas por mi culpa".

Los propietarios tienen difícil resolver los casos de manera rápida una vez que no hay desalojo inicial ya que la justicia funciona de forma lenta. Para ello, necesitan la acción de las fuerzas políticas, que en algunos lugares ya se están movilizando. El PP de Alcorcón llevará al próximo Pleno municipal una propuesta para impulsar "un Pacto Local contra la okupación y en defensa de la propiedad privada y la seguridad vecinal" ante "un creciente aumento de la 'okupación' ilegal de viviendas, locales y edificios en el municipio".

Se proponen seis medidas clave, entre las que destacan: "prohibir el empadronamiento en inmuebles okupados ilegalmente" o "establecer un dispositivo permanente de seguridad en zonas especialmente afectadas, como las torres de la calle Praga". No es la única zona en la que se están planteando actuaciones. En Cantabria, el Partido Popular también está planeando nuevas medidas para combatir de lleno a los okupas en su zona.

El plan antiokupas en Cantabria

El consejero de Vivienda de Cantabria, Roberto Media, anunció que la futura Ley de Vivienda autonómica saldrá a información pública “en pocas semanas” y aspira a registrarla en el Parlamento en este periodo de sesiones o, “como muy tarde”, al inicio de septiembre. Estas declaraciones se produjeron tras la reunión con colectivos del sector para exponer el Plan de Vivienda del PP, encuentro al que también asistió la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín.

Media subrayó que este proyecto normativo resulta “radicalmente diferente a la que presentaron el anterior bipartito (PRC-PSOE) y dejaron aparcada justo antes de las elecciones”. Con firmeza señaló: “Nosotros no vamos a poner abogados a los okupas pagados por el Gobierno de Cantabria. Sin duda defenderemos a los legítimos titulares, pero los okupas no serán defendidos por la nueva Ley de Vivienda”.

La okupación frena el alquiler

El consejero calificó la okupación de inmuebles como “un grandísimo problema en España y en Cantabria” y advirtió de que existen “50.000 viviendas vacías que no se ponen en alquiler”. A su juicio, solo superando este bloqueo se podrá aumentar la oferta de pisos asequibles para los jóvenes y las familias: “Mientras que no venzamos ese miedo va a ser imposible que dispongamos de más vivienda asequible para el alquiler de nuestros jóvenes y nuestras familias”.

Los propietarios siguen la misma teoría

La presidenta de Aprovij, la Asociación de Propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica, Kathy, también explicó en declaraciones a LA RAZÓN los motivos por los que la okupación, concretamente la inquiokupación, defendida a su modo de ver por el Real Decreto 11/2020, frena el alquiler: "Es un decreto que lejos de ser una solución, ha sido el origen de una crisis en el mercado del alquiler. Presentado como una medida de protección, ha generado el efecto contrario: inseguridad, retirada masiva de viviendas y más dificultades para acceder a un alquiler".

Esta medida impide el desahucio de personas vulnerables sin alternativa habitacional y para ella es el gran problema: "Este decreto ha destruido el mercado del alquiler, pero el Gobierno sigue negando la evidencia y culpando al propietario, mientras protege solo a unos pocos y desampara a la gran mayoría. La propia Isabel Rodríguez menciona que el propietario boicotea, cuando la realidad es bien distinta ellos boicotean tanto a propietarios como a inquilinos urge devolver la seguridad jurídica al propietario y la derogación de ese decreto, el propietario es parte de la solución pero han optado por demonizarlo".